Venus
OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


 
 
Miércoles, 19 de noviembre de 2014
 
“Sus muñecas y piernas estaban atadas, los ojos los tenía vendados… Estaba desnuda, toda llena de golpes… Dos disparos en la cabeza terminaron con su vida”. Lenin Vázquez se aferra por recordar solo la sonrisa de Xóchitl, asesinada con 17 años, pero no puede. La imagen de las últimas horas de su hermana es desgarradora. “Nadie sabe quién la mató… Una vecina la encontró muerta”. La chica vivía con su novio a unas calles del palacio municipal de Chalco —uno de los 125 ayuntamientos del Estado de México (en el centro del país)—, con 350.00 habitantes. “El chavo dice que no sabe nada. Salió a las seis de la mañana a trabajar y justo después entraron a matarla”. El caso de Xóchitl ha quedado en el limbo. “Hasta ahora nadie ha sido citado a declarar, el caso se reportó como un robo y ahí se acabó. Pero en su habitación había joyas, un anillo de diamantes, un reloj muy caro y dinero. Nadie se llevó nada”.
 
La tragedia de Xóchitl no es única. México se ha convertido en un sitio hostil para las mujeres. 3.892 han sido brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013 —más de cinco al día—, de acuerdo con el último reporte del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, una asociación integrada por 49 organizaciones de derechos humanos. El país ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, y el reconocimiento del feminicidio se ha convertido en una serie de luchas sin ninguna victoria para los familiares de las víctimas.
 
El Estado de México, cuna del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido un claro ejemplo de esta desbandada de agresiones en contra de las mujeres: Lucero, asesinada después de denunciar a sus violadores; Diana, liquidada y arrojada a un canal, Alejandra, violada por tres policías… “Han sido miles las que han muerto. Sus cuerpos son descuartizados; a otras las secuestran y nunca más se sabe de ellas”, afirma María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio. La tasa de feminicidios en el país —hasta tres por cada 100.000 mujeres— está a la altura de naciones como Panamá, Nicaragua y Costa Rica, de acuerdo con la organización Small Arms Survey, un grupo no gubernamental con sede en Suiza. En España, Portugal, Francia y Reino Unido, según el último informe de este organismo, se presenta hasta un crimen de género por cada 100.000 mujeres.
 
En el Estado de México, en donde el PRI ha gobernado hace más de 84 años, viven más de 15 millones de personas, el 51,2% son mujeres. En los últimos nueve años, el Observatorio ha contabilizado 1.596 asesinatos de mujeres —dos por día— en esta entidad, la mayoría de ellos violentos. En esta región, el delito de feminicidio ha sido tipificado, al igual que en 30 estados del país. El territorio cubre por el norte, este y oeste al Distrito Federal. “Siempre ha sido la ciudad dormitorio de la capital”, afirma Ivonne Acuña, experta en sociología política de la Universidad Iberoamericana. Ecatepec, uno de los municipios de la zona, lo confirma. Por las mañanas sus habitantes buscan la manera de acercarse a la Ciudad de México. Miles de autos inundan las avenidas; una estampida de gente llena los intercambiadores, mientras los barrios, todos populares, se vacían poco a poco.
 
Las calles de este municipio, de más de tres millones de habitantes, tienen baches, la basura pulula en cada esquina, por las noches el alumbrado es deficiente y en las noticias locales solo se habla de robos, muertes, secuestros, desapariciones. “Las mujeres son el eslabón más débil de esta sociedad”, argumenta Manuel Amador Velázquez, coautor de la antología Diálogos Interdisciplinarios sobre Violencia Sexual. Una baja escolaridad (de cada 100 mujeres, 5,7 no saben leer ni escribir en el Estado de México), la falta de acceso a la justicia y la pobreza (de 15 millones de habitantes, el 43% de vive en esta condición) son los factores que han impulsado la violencia, argumenta el sociólogo.
 
Guadalupe Reyes no pierde la esperanza de encontrar a su hija con vida. Todas las mañanas sale a recorrer las calles de Tecámac, otro municipio del Estado de México, en busca de una pista que le ayude a dar con Mariana, de 17 años. La última vez que la vieron fue el 17 de septiembre. Iba a sacar copias a la papelería que está a menos de 100 metros de su casa. Desde entonces nadie sabe de ella. “Hace días que dejé de dormir”, dice Guadalupe mientras se seca las lágrimas del rostro. Bernardo González, el padre de Mariana, está derrotado: “Cuando salimos a buscarla eran como las 11 de la noche, se había ido a las nueve. Pedimos ayuda a la policía y su respuesta fue: ‘seguramente está con el novio’”. Mariana se ha sumado a los más de 1.554 desaparecidos que hay en la entidad, en donde el 70% son mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y el 60% de ellas tiene entre 10 y 17 años.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
“En el Estado de México existe un patrón sistemático similar al de Ciudad Juárez” —norte de México, donde en su peor año (2010) moría una mujer cada 20 horas—“, comenta Guadalupe Ramos, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Los puntos rojos de esta violencia discriminada, explica, son los municipios de Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chalco y otros siete, la mayoría ubicados en el noroeste de la entidad.
 
“Existe omisión”, afirma Estrada. Desde 2010, cuando aún gobernaba el Estado Enrique Peña Nieto, esta organización ha insistido en que se debe activar la Alerta de Género, un mecanismo de emergencia que echa andar la maquinaria gubernamental para atacar la violencia contra las mujeres. “El gobierno anterior y el actual —ambos del PRI, el partido del presidente— se han negado a reconocer que exista un problema de feminicidios”, resalta. “Destapar esta alcantarilla implicaría un golpe político a ambos Gobiernos, el estatal y el federal”, comenta Ivonne Acuña de la Universidad Iberoamericana.
 
Las muertes son solo un eslabón de esta cadena de crimen que no se quiere evidenciar — la Fiscalía estatal se ha negado a ofrecer cualquier tipo de información a este diario. En los últimos nueve años, más de cinco mujeres son violadas al día en el Estado de México, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, 17 mujeres por cada 100.000 habitantes de sexo femenino, 55 en Quintana Roo, la entidad con la tasa más alta. “Las autoridades no solo han omitido los asesinatos, los secuestros y todos los abusos, además han reducido el tema a un problema de violencia doméstica y basan sus análisis en apreciaciones subjetivas: prostitución, venta de drogas o incluso ligan los asesinatos a la situación sentimental de la víctima y a la falta de valores”, argumenta Estrada.
 
En los últimos nueve años, más de cinco mujeres son violadas al día en el Estado de México
Ramón (nombre falso) ha comprobado como la sangre corre por el Estado de México. Su labor como bombero le ha permitido ver de todo. “Un día recibimos una llamada de una persona que encontró una bolsa negra en un parque. Dentro estaba el cuerpo descuartizado de una chica: le cortaron los brazos, las piernas y la cabeza”, afirma. En su móvil carga fotografías y vídeos de algunos casos. Las últimas imágenes son de 13 cuerpos que encontraron en el Río de los Remedios, un canal de aguas residuales que atraviesa los municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl.
 
Justo un día antes (el 13 de octubre), la Fiscalía del Estado había negado que ese sitio fuera un tiradero de cadáveres. La autoridad estatal reconoció que ahí se habían encontrado más de 7.000 restos: 6.962 de ellos de animales, 60 pertenecientes a una misma persona y los 19 restantes en proceso de estudio. La polémica se desató después de que la asociación Solidaridad por las Familias —una organización que lucha contra la violencia de género—, denunciara que durante la limpieza del canal encontraron 46 cuerpos. “Bomberos y paramédicos (personal de ambulancia) nos han ofrecido información discrecional y de ahí obtenemos este dato”, dice David Mancera, miembro de Solidaridad por las Familias.
 
Guadalupe, la madre de Mariana, no quiere saber nada de cifras de mujeres muertas ni desaparecidas. Durante el viacrucis que ha vivido en estas semanas se ha dado cuenta de cientos de casos como el de su hija. En la mesa del salón de su casa tiene varias veladoras, fotografías de la chica y muchos santos a los que reza para que su “pequeña” vuelva a casa. Guadalupe, junto a la asociación, ha exigido a las autoridades que se esclarezcan las desapariciones de mujeres. La esperanza de esta señora es lo único que no pierde vitalidad: “Ojalá algún día alguien nos dé una respuesta”.
 
 
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Jueves, 24 de julio de 2014

El juicio contra el opositor radical Leopoldo López por incitar a la violencia en las protestas desatadas en febrero en Venezuela, que dejaron 43 muertos, comienza este miércoles, y de ser hallado culpable podría ser sentenciado hasta a 10 años de prisión.

López, recluido desde el pasado 18 de febrero en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, fue trasladado custodiado por un dispositivo de seguridad a las 04h30 (09h00 GMT) al tribunal 28, en el centro de la capital, informó personal de prensa de su partido, Voluntad Popular.

Los abogados de López, familiares, miembros de su partido y unos 200 de sus simpatizantes aguardaban el inicio del proceso, que se realizará a puerta cerrada.

Los abogados de López, que días atrás amagaron con no acudir al juicio tras denunciar supuestas irregularidades, finalmente se presentaron pero sin dejar de advertir que no se están cumpliendo las condiciones para que sea un proceso "justo en términos constitucionales".

"Leopoldo se ha enfrentado al sistema de justicia, dio la cara al pueblo de Venezuela, no abandonó el país, no huyó y si él no lo hizo, nosotros no lo podemos abandonar", dijo a la prensa Juan Carlos Gutiérrez, uno de sus abogados.

López, de 43 años de edad, se entregó a la justicia en una concentración con miles de sus simpatizantes para responder a las acusaciones de incitar a la violencia en una manifestación convocada por él el 12 de febrero y que después de concluida se saldó con tres muertos, los primeros de los 43 que dejaron tres meses de manifestaciones.

En el juicio, López es acusado por la fiscalía general de "determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa", lo que según las leyes venezolanas puede ser penado hasta con 10 años de cárcel.

La defensa ha denunciado que el tribunal rechazó las pruebas y testigos que demostrarían la inocencia de López, economista egresado de Harvard que promovió manifestaciones bajo el lema "la salida" para presionar en favor de la renuncia del presidente Nicolás Maduro, lo que fue denunciado por el mandatario como "golpe de Estado en desarrollo".

Más de 200 simpatizantes de López se encontraban reunidos fuera del tribunal, con pancartas en las que se leía "Liberen a Leopoldo" o "El que se cansa pierde", lema popularizado por el político de 43 años de edad.

"Yo estoy aquí luchando por Venezuela, por la libertad de Leopoldo, porque la libertad de Leopoldo es la libertad de Venezuela", dijo a la AFP Yolanda Hernández, que acudió al tribunal con una pancarta que reza "querer un país seguro no es un delito".

Las protestas en Venezuela contra la inseguridad, la inflación que ya alcanza 60.

9%, alimentada por la aguda escasez de alimentos y productos básicos, han disminuido en intensidad hasta hacerse esporádicas.

Simpatizantes de Leopoldo López pidieron un juicio justo. (Foto: AFP)

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Miércoles, 29 de enero de 2014

 


Desde la firma del acuerdo, entre autodefensas y el gobierno, distintos analistas han hablado sobre las consecuencias de tolerar estos grupos paramilitares. Los ejemplos que ofrecen otros países latinoamericanos como Colombia, Guatemala y Perú, muestran lel peligro que representa la existencia de las autodefensas. Sin embargo, los líderes de estos grupos han manifestado su agrado con el acuerdo consensuado con el gobierno y planean cumplir todo lo que se estableció, incluyendo el desarme una vez se capture a los líderes de los "Caballeros Templarios". El gobierno defiende lo negociado y argumenta que el trato hecho con la "policía comunitaria" hace la situación distinta a la de cualquier país de latinoamérica, pues ésta será incorporada a los "cuerpos de guardias rurales", una especie de policía que existe desde hace más de un siglo en México y estarán todo el tiempo bajo el mando de las autoridades.

 

Protesta en favor de la paz en Apatzingán, Michoacán, México. Foto: Héctor Guerrero/AFP/Getty

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Martes, 28 de enero de 2014

 

Dos semanas después del incidente que se dio entre autodefensas y militares, en Antúnez (Michoacán), el clima de tensión entre el gobierno y estos grupos paramilitares parece haberse disipado. Tras varias negociaciones, hoy, se llegó un acuerdo en el que estuvieron presentes el zar de seguridad para Michoacán Alfredo Castillo, el gobernado de Michoacán, Fausto Vallejo, y los líderes de las autodefensas Estanislao Beltrán e Hipólito Mora. El acuerdo contempla incluir a la "policía comunitaria, nombre oficial de las autodefensas, en la institucionalidad y ponerlas bajo el mando de las autoridades. A su vez se proveerá de todos los equipos necesarios para su comunicación, movilidad y operación, pasando a llamarse "cuerpos de defensa rural". El acuerdo establecía que las autodefensas se desmovilizarán inmediatamente se logre desmantelar el cartel de los "Caballeros Templarios" y la región sea segura.

 

 

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Jueves, 23 de enero de 2014

 

Michoacán sigue viviendo la tensión que ocasiona tener tres grupos armados dispuestos a enfrentarse. Los carteles, las autodefensas y las fuerzas armadas mexicanas se encuentran presentes en el estado, ya ha habido combates entre ellos y los habitantes de la región, a pesar de una aparente calma, sienten inseguridad al realizar cualquier de sus actividades cotidianas. Michoacán ha sido una región dominada por los narcos desde la conformación de la "Familia Michoacana", en 2006, y por los "Caballeros Templarios" desde 2011. Los michoacanos, víctimas de secuestros y extorsiones, se cansaron de la indiferencia de las autoridades mexicanas y tomaron las armas, organizándose en grupos de autodefensa llamados "policía comunitaria". Los "vigilantes", como son conocidos entre la población, han atacado distintas "plazas fuertes" de los narcotraficantes y han tomado el control de varios municipios del estado, entre ellos Parácuaro y Apatzingàn.

Las autodefensas se rehúsan a entregar las armas, a pesar de las peticiones por parte del gobierno , pues afirman que si se desmovilizan serán objetivos fáciles para los carteles a los cuales ya les declararon la guerra. En todo caso, en muchos municipios las tropas federales, envíadas por el gobierno central, prefieren cooperar con las autodefensas que tienen una enorme popularidad entre la población y conocen la región. Al parecer no habrà desmovilización hasta que se atrape a los jefes del cartel de los "Templarios" y se garantice el orden.

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el país

 

Miércoles, 22 de enero de 2014

 


Días después de la reacción del gobierno central mexicano a la incursión de las autodefensas, en el estado Michoacán, la región parece vovler a la normalidad. Apatzingán, la segunda ciudad más importante en el estado y centro de operaciones de los "Templarios", se encuentra totalmente militarizada como incentivo para que las autodefensas inicien su desarme. Sin embargo, aunque las actividades comerciales en la ciudad han vuelto a la normalidad, los ciudadanos dicen que es "sólo una calma que antecede a la tormenta", pues los "Caballeros Templarios" han anunciado que tomaran venganza por el ataque perpetrado por las autodefensas. Varios "narcocarteles" informan que los "Templarios" planean recuperar todos los municipios tomados por la "policía comunitaria" y que utilizarán todos sus recursos para ello.

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el país

 Martes, 14 de Enero de 2014

En las primeras horas de la mañana, enfrentamientos entre las fuerzas armadas mexicanas y las policías comunitarias (grupos de autodefensa) han dejado un saldo de dos muertos. La cifra anterior fue reconocida oficialmente por el ejército federal, sin embargo portavoces de las autodefensas afirman que el número de víctimas es superior. Los choques entre civiles y militares ocurrieron horas después del comunicado emitido por el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, en el cuál se anunciaba un posible desarme de las policías comunitarias, pidiendo como condición la captura de los jefes del cartel de los "caballeros templarios" por parte de las fuerzas armadas.

 

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el país

 

Luego de la situación que dejó la toma de Múgica por parte de los grupos de autodefensa en Michoacán, el Gobierno Federal anunció un operativo de enevergadura para restablecer el oden público en los municipios de ese estado mexicano. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong "pidió a los grupos armados que entregaran las armas y aceptaran la protección oficial". En una entrevista a Televisa José Manuel Mireles,  uno de los líderes con mayor reconocimiento de estos grupos, les pidió a los guardias civiles que dejaran las armas. No obstante, horas después en un video subido al portal YouTube por miembros de las autodefensas condicionó el desarme a la neutralización de los líderes de los Caballeros Tempalarios.

 

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Lunes, 25 Noviembre 2013 16:26

El crimen marcó las urnas en Honduras

El Comercio Ecuador

5 437 centros electorales.  Bajo un fuerte despliegue militar y policial acudieron a sufragar ayer. AFP

Imagen: AFP

Lunes, 25 de noviembre de 2013

Autor: EFE

Mi familia quedó dividida, siempre que sale el tema de la política terminamos peleados, eso es feo", afirmó Elvia Hérnandez mientras votaba en Tegucigalpa con la esperanza de que se cierren las heridas abiertas por el golpe de Estado del 2009.

Ayer se habilitaron 16 100 urnas para 5,3 millones de hondureños. Ellos no solo tendrán nuevo presidente sino que renovarán 128 bancadas del Parlamento y 298 gobiernos municipales.

El proceso no registró ningún inconveniente, según los candidatos presidenciales y los observadores internacionales. Aunque cinco personas fueron asesinadas en el selvático departamento de Gracias a Dios, la Mosquitia hondureña, por un grupo armado que disparó cerca de una mesa electoral.

Gracias a Dios, con una extensión de 17 000 km2 y una población de 100 000 habitantes, la mayoría indígenas, es considerado un santuario de narcotraficantes.

EE.UU. calcula que 90% de droga que llega a su territorio pasa por Centroamérica, especialmente Honduras, vías aérea y marítima.

El país vive sumido en una espiral de violencia donde se mezcla la delincuencia de pandillas con la guerra entre carteles de la droga, las diversas actividades del crimen organizado (secuestros, extorsiones, robo forestal) y una policía con procesos judiciales por corrupción, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el narcotráfico.

"El Gobierno dice que hizo lo mejor posible para unir al pueblo, pero siempre está la división... esto es tremendo, es una espina (en el corazón)", lamentó Elvia, ama de casa de 48 años, que votó en una mesa de la Universidad Nacional, en el este de la capital.

Ramón Sánchez, de 54 años, estadístico de un hospital, tiene el mismo sentimiento de que hay que superar la división interna y piensa que "la paz solo la puede traer Juan Orlando Hernández", el candidato del gobernante Partido Nacional (PN, derecha).

"Miro gente (votando) como nunca antes, creo que es porque todos queremos la unidad, ya no podemos seguir enfrentados", dijo Juan Antonio Turcios, quien se gana la vida vendiendo helados.

"El nuevo gobierno debe crear empleos porque eso (la desocupación) es el origen de tanta violencia; tal vez Xiomara (Castro, la candidata de izquierda) traiga la paz", agrega Turcios mientras empuja el carrito de helados y ofrece su producto afuera de una escuela.

Los índices de violencia en este país se dispararon a raíz del golpe; hay más muertes por km2 que en ningún otro país sin guerra. La Oficina de NN.UU. contra las Drogas y el Delito calculó 20 personas asesinadas cada día, en promedio.

En 1999 la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes era de 42 ahora es de 85,5, casi ocho veces más, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)considera como epidemia. La media global es de 8,8.

Xiomara Castro es la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por su esposo el derrocado ex presidente Manuel Zelaya y que ahora se presentó como candidato a diputado.

Ella y Hernández son los favoritos según la encuestas para sacar adelante a este país marcado por la corrupción y la pobreza.

En los centros de votación, los electores hicieron largas filas bajo un sol abrasador, en un ambiente de tranquilidad pero no libre de temores sobre lo que pueda ocurrir cuando cierre la jornada y se haga el recuento de votos.

El especialista de la ONG Monitoreo Electoral, Adán Palacios, coincidió en que a cuatro años del golpe de Estado "no se han curado las heridas" en Honduras. "Mi temor es que si no hay un proceso con resultados transparentes y legítimos, se van a volver a abrir" esas heridas porque "los de Libre y los nacionalistas están convencidos que van a ganar" , señaló a la AFP.

La última encuesta situó en un empate técnico a Hernández (28%) y a Castro (27%).

La reconciliación se mira como un punto de partida indispensable para empezar a resolver el resto de problemas. "Honduras marcha a una oportunidad con optimismo, con el deseo ferviente que las heridas puedan sanarse", destacó el cardenal Óscar Rodríguez. "Espero que después (de las elecciones) nos miremos como hermanos, que ya no haya más divisiones ".

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Temas en conflicto

  • El uso de la fuerza militar  en las calles para luchar contra la violencia es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y puso frente a frente a los candidatos presidenciales. Hay más de 20 000 policías y militares pero resultan insuficientes.
  • En lo que va del año,  las autoridades de EE.UU. y Honduras han destruido alrededor de 70 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por narcotraficantes en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, ambos al este.
  • El futuro presidente  afrontará un país con el 71% de personas viviendo en la pobreza y con una situación calamitosa de la economía, con un déficit fiscal del 6% y una elevada deuda pública.

Disponible en: www.elcomercio.com

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semana

Sábado, 23 de noviembre de 2013

Autor: Semana

Joven, pobre y latinoamericano, Máximo Romero tenía, a sus 27 años, altas probabilidades de morir asesinado. Vivía en un barrio polvoriento en Ciudad Juárez, la segunda urbe más peligrosa del mundo, donde vendía carros de segunda.

La noche del sábado pasado, cuatro hombres entraron a su casa, amordazaron y acuchillaron a toda la familia. En un charco de sangre quedaron tres niños que tenían de cuatro a seis años y cinco adultos, tres mujeres y dos hombres. Máximo tenía una deuda de 114 dólares por una pelea ilegal de perros.

Esa masacre podría haber sucedido en cualquier ciudad de América Latina. Brasil cerró 2012 con 50.000 asesinatos, un récord histórico. En Guatemala mataron a 660 mujeres en lo que va del año, mientras que en Bogotá un hombre apuñaló a su familia hace unos días. Con más de 1 millón de muertos en la última década, la región es de lejos la más violenta del mundo, una tendencia que no ha logrado derrotar a pesar del boom económico.

Esa es la conclusión del Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado la semana pasada. Desde 2000, 70 millones de personas salieron de la pobreza, el crecimiento del PIB fue del 4,2 por ciento y 50 millones de latinoamericanos se sumaron a la clase media.

Mientras tanto, los homicidios aumentaron en un 11 por ciento, los robos se triplicaron en los últimos 25 años y 40 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo son latinoamericanas. El diagnóstico desafía las teorías, según las cuales el enriquecimiento disminuye la criminalidad. ¿Qué está pasando?

La explicación obvia es el narcotráfico. América Latina, que produce el 90 por ciento de la cocaína, sobrevive a la sombra de Estados Unidos, el mayor consumidor mundial. Y, como le dijo a SEMANA Bruce Bagley, politólogo de la Universidad de Miami y experto en tráfico de drogas, el impacto se reforzó, pues “hay una globalización del consumo, combinado con el efecto cucaracha, donde los grupos se fragmentan y se dispersan, y el problema del traslado de cultivos y rutas cuando se combaten en un país. La infección llegó a Centroamérica, a la región Andina, al pacífico ecuatoriano, a Brasil, a Argentina y a las Antillas. Ya no queda nada más, la guerra contra las drogas contaminó toda la región”.

Pero los carteles, sus fusiles AK-47 y sus millones no son los únicos culpables. Para el PNUD hay que reducir las desigualdades, mejorar la calidad del empleo y el acceso a salud y educación. Eso explicaría una “criminalidad aspiracional”, gente dispuesta a lo que sea para llevarse su tajada de progreso, de consumo.

El periodista Steven Dudley, codirector de InsightCrime.com, le dijo a SEMANA que “el crecimiento no les llega a todos igual y eso crea diferencias más evidentes. El crimen tiene más que ver con la desigualdad que con la pobreza. La gran amenaza es la separación cada vez mayor entre los superricos y los pobres. Esa creación de riqueza desnivelada deja demasiadas personas por fuera”.

Sin embargo, eso solo es parte de la explicación, pues en varios países donde el reparto del ingreso mejoró, el crimen empeoró. Según Bagley “hay ante todo una crisis institucional, no hay un sendero para dirigir las expectativas hacia algo pacífico, político, democrático. El sistema no es transparente, está dominado por las mismas elites políticas y económicas de siempre, corruptas, excluyentes y que se salen con la suya. Eso crea bloqueos y la gente abandona el sistema. Ahí está el brote de la violencia”.

Para el PNUD, en el sistema judicial se concentran todos esos problemas. Todo se compra, nada se investiga, solo van los peces más pequeños a la cárcel y la sociedad no confía en nada. Lucia Dammert, socióloga peruana especializada en seguridad, le explicó a esta revista que “la calidad del Estado es clave, la Policía no sirve, nadie investiga, la impunidad es altísima.

En muchos países menos del 10 por ciento de los homicidios se resuelve, es un incentivo enorme para contratar un sicario. No es que los latinos seamos agresivos, es que el Estado no funciona”. En Colombia solo el 25 por ciento de los crímenes es denunciado y menos del 6 por ciento de los casos que llegan a la Fiscalía termina en una condena.

Eso alimenta la tentación de tomarse la justicia en manos propias, un delito que el 24 por ciento de los latinoamericanos justifica. En Bolivia la epidemia es alarmante, entre agosto y septiembre 35 personas fueron linchadas. A tal punto que un magistrado boliviano lamentó que “si bien constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, la van implantando de facto”.

Y ni hablar de las cárceles. Hace un año 382 reos murieron carbonizados en la prisión de Comayagua en Honduras, en México un reporte mostró que en más de la mitad de las cárceles hay ‘autogobierno’, mientras que en Venezuela en 2012 asesinaron la 600 personas en los penales. Esa es la norma en América Latina, donde palabras como ‘prevención’ y ‘rehabilitación’ no están en el vocabulario. Para el PNUD: “La sobrepoblación carcelaria y la prisión preventiva prolongada son síntomas de las deficiencias de la Policía y el poder judicial”.

La reacción natural frente al problema es clamar por “mano dura”, “aumento de penas” y “más pie de fuerza”. Esas ideas para el PNUD son contraproducentes, pues en realidad fortalecen la criminalidad, fomentan los abusos estatales y aumentan la violencia.

En Brasil el gobierno lanzó un programa con pagos a policías que demostraran ser más duros. Solo sirvió para criminalizar a los agentes, en un país donde todos los días la Policía mata a cinco personas y en Sao Paulo, los uniformados cometen cerca del 20 por ciento de los homicidios.

En México, militarizar la lucha contra el narcotráfico disparó la violación de los derechos humanos y en Centroamérica el encarcelamiento masivo de los pandilleros terminó por reforzar su organización y su poder.

Lo peor de todo es que 87 por ciento de los latinoamericanos está el “de acuerdo con imponer castigos más duros”. Tal vez si la sociedad se pone a pensar con el bolsillo, cambie de mentalidad. Pues la inseguridad cuesta, y mucho. La gente consume menos, gasta en seguridad, no va a donde quiere, paga seguros, repone lo que le roban y el Estado tiene que invertir en armas, policías, jueces. El crimen le vale a Honduras el 10 por ciento de su PIB, el 9 a Paraguay y el 3 a Chile.

Cifras descomunales, que junto al miedo y el asesinato de millones exigen un cambio urgente de enfoque y una reinvención del Estado. Pero la muerte no es democrática, y golpea a los más humildes, los más jóvenes, los más apartados. Gente sin voz que poco importa y difícilmente parará la masacre. Los sepultureros seguirán sin duda teniendo trabajo extra.

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