02:39 AM
Wednesday, 23 Jul 2014
Miércoles 29 de Enero de 2014 10:36

El riesgo de legitimar a las autodefensas en México

 

 

 

 

 

Miércoles, 29 de enero de 2014

 


Desde la firma del acuerdo, entre autodefensas y el gobierno, distintos analistas han hablado sobre las consecuencias de tolerar estos grupos paramilitares. Los ejemplos que ofrecen otros países latinoamericanos como Colombia, Guatemala y Perú, muestran lel peligro que representa la existencia de las autodefensas. Sin embargo, los líderes de estos grupos han manifestado su agrado con el acuerdo consensuado con el gobierno y planean cumplir todo lo que se estableció, incluyendo el desarme una vez se capture a los líderes de los "Caballeros Templarios". El gobierno defiende lo negociado y argumenta que el trato hecho con la "policía comunitaria" hace la situación distinta a la de cualquier país de latinoamérica, pues ésta será incorporada a los "cuerpos de guardias rurales", una especie de policía que existe desde hace más de un siglo en México y estarán todo el tiempo bajo el mando de las autoridades.

 

Protesta en favor de la paz en Apatzingán, Michoacán, México. Foto: Héctor Guerrero/AFP/Getty

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Martes 28 de Enero de 2014 10:04

México: gobierno y autodefensas firman acuerdo

 

 

Martes, 28 de enero de 2014

 

Dos semanas después del incidente que se dio entre autodefensas y militares, en Antúnez (Michoacán), el clima de tensión entre el gobierno y estos grupos paramilitares parece haberse disipado. Tras varias negociaciones, hoy, se llegó un acuerdo en el que estuvieron presentes el zar de seguridad para Michoacán Alfredo Castillo, el gobernado de Michoacán, Fausto Vallejo, y los líderes de las autodefensas Estanislao Beltrán e Hipólito Mora. El acuerdo contempla incluir a la "policía comunitaria, nombre oficial de las autodefensas, en la institucionalidad y ponerlas bajo el mando de las autoridades. A su vez se proveerá de todos los equipos necesarios para su comunicación, movilidad y operación, pasando a llamarse "cuerpos de defensa rural". El acuerdo establecía que las autodefensas se desmovilizarán inmediatamente se logre desmantelar el cartel de los "Caballeros Templarios" y la región sea segura.

 

 

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Jueves 23 de Enero de 2014 11:06

Ex militares y ex templarios, en autodefensa

 

Jueves, 23 de enero de 2014

 

Michoacán sigue viviendo la tensión que ocasiona tener tres grupos armados dispuestos a enfrentarse. Los carteles, las autodefensas y las fuerzas armadas mexicanas se encuentran presentes en el estado, ya ha habido combates entre ellos y los habitantes de la región, a pesar de una aparente calma, sienten inseguridad al realizar cualquier de sus actividades cotidianas. Michoacán ha sido una región dominada por los narcos desde la conformación de la "Familia Michoacana", en 2006, y por los "Caballeros Templarios" desde 2011. Los michoacanos, víctimas de secuestros y extorsiones, se cansaron de la indiferencia de las autoridades mexicanas y tomaron las armas, organizándose en grupos de autodefensa llamados "policía comunitaria". Los "vigilantes", como son conocidos entre la población, han atacado distintas "plazas fuertes" de los narcotraficantes y han tomado el control de varios municipios del estado, entre ellos Parácuaro y Apatzingàn.

Las autodefensas se rehúsan a entregar las armas, a pesar de las peticiones por parte del gobierno , pues afirman que si se desmovilizan serán objetivos fáciles para los carteles a los cuales ya les declararon la guerra. En todo caso, en muchos municipios las tropas federales, envíadas por el gobierno central, prefieren cooperar con las autodefensas que tienen una enorme popularidad entre la población y conocen la región. Al parecer no habrà desmovilización hasta que se atrape a los jefes del cartel de los "Templarios" y se garantice el orden.

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Miércoles 22 de Enero de 2014 09:41

Primeros signos de normalidad en Tierra Caliente

el país

 

Miércoles, 22 de enero de 2014

 


Días después de la reacción del gobierno central mexicano a la incursión de las autodefensas, en el estado Michoacán, la región parece vovler a la normalidad. Apatzingán, la segunda ciudad más importante en el estado y centro de operaciones de los "Templarios", se encuentra totalmente militarizada como incentivo para que las autodefensas inicien su desarme. Sin embargo, aunque las actividades comerciales en la ciudad han vuelto a la normalidad, los ciudadanos dicen que es "sólo una calma que antecede a la tormenta", pues los "Caballeros Templarios" han anunciado que tomaran venganza por el ataque perpetrado por las autodefensas. Varios "narcocarteles" informan que los "Templarios" planean recuperar todos los municipios tomados por la "policía comunitaria" y que utilizarán todos sus recursos para ello.

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el país

 Martes, 14 de Enero de 2014

En las primeras horas de la mañana, enfrentamientos entre las fuerzas armadas mexicanas y las policías comunitarias (grupos de autodefensa) han dejado un saldo de dos muertos. La cifra anterior fue reconocida oficialmente por el ejército federal, sin embargo portavoces de las autodefensas afirman que el número de víctimas es superior. Los choques entre civiles y militares ocurrieron horas después del comunicado emitido por el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, en el cuál se anunciaba un posible desarme de las policías comunitarias, pidiendo como condición la captura de los jefes del cartel de los "caballeros templarios" por parte de las fuerzas armadas.

 

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el país

 

Luego de la situación que dejó la toma de Múgica por parte de los grupos de autodefensa en Michoacán, el Gobierno Federal anunció un operativo de enevergadura para restablecer el oden público en los municipios de ese estado mexicano. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong "pidió a los grupos armados que entregaran las armas y aceptaran la protección oficial". En una entrevista a Televisa José Manuel Mireles,  uno de los líderes con mayor reconocimiento de estos grupos, les pidió a los guardias civiles que dejaran las armas. No obstante, horas después en un video subido al portal YouTube por miembros de las autodefensas condicionó el desarme a la neutralización de los líderes de los Caballeros Tempalarios.

 

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Lunes 25 de Noviembre de 2013 11:26

El crimen marcó las urnas en Honduras

El Comercio Ecuador

5 437 centros electorales.  Bajo un fuerte despliegue militar y policial acudieron a sufragar ayer. AFP

Imagen: AFP

Lunes, 25 de noviembre de 2013

Autor: EFE

Mi familia quedó dividida, siempre que sale el tema de la política terminamos peleados, eso es feo", afirmó Elvia Hérnandez mientras votaba en Tegucigalpa con la esperanza de que se cierren las heridas abiertas por el golpe de Estado del 2009.

Ayer se habilitaron 16 100 urnas para 5,3 millones de hondureños. Ellos no solo tendrán nuevo presidente sino que renovarán 128 bancadas del Parlamento y 298 gobiernos municipales.

El proceso no registró ningún inconveniente, según los candidatos presidenciales y los observadores internacionales. Aunque cinco personas fueron asesinadas en el selvático departamento de Gracias a Dios, la Mosquitia hondureña, por un grupo armado que disparó cerca de una mesa electoral.

Gracias a Dios, con una extensión de 17 000 km2 y una población de 100 000 habitantes, la mayoría indígenas, es considerado un santuario de narcotraficantes.

EE.UU. calcula que 90% de droga que llega a su territorio pasa por Centroamérica, especialmente Honduras, vías aérea y marítima.

El país vive sumido en una espiral de violencia donde se mezcla la delincuencia de pandillas con la guerra entre carteles de la droga, las diversas actividades del crimen organizado (secuestros, extorsiones, robo forestal) y una policía con procesos judiciales por corrupción, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el narcotráfico.

"El Gobierno dice que hizo lo mejor posible para unir al pueblo, pero siempre está la división... esto es tremendo, es una espina (en el corazón)", lamentó Elvia, ama de casa de 48 años, que votó en una mesa de la Universidad Nacional, en el este de la capital.

Ramón Sánchez, de 54 años, estadístico de un hospital, tiene el mismo sentimiento de que hay que superar la división interna y piensa que "la paz solo la puede traer Juan Orlando Hernández", el candidato del gobernante Partido Nacional (PN, derecha).

"Miro gente (votando) como nunca antes, creo que es porque todos queremos la unidad, ya no podemos seguir enfrentados", dijo Juan Antonio Turcios, quien se gana la vida vendiendo helados.

"El nuevo gobierno debe crear empleos porque eso (la desocupación) es el origen de tanta violencia; tal vez Xiomara (Castro, la candidata de izquierda) traiga la paz", agrega Turcios mientras empuja el carrito de helados y ofrece su producto afuera de una escuela.

Los índices de violencia en este país se dispararon a raíz del golpe; hay más muertes por km2 que en ningún otro país sin guerra. La Oficina de NN.UU. contra las Drogas y el Delito calculó 20 personas asesinadas cada día, en promedio.

En 1999 la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes era de 42 ahora es de 85,5, casi ocho veces más, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)considera como epidemia. La media global es de 8,8.

Xiomara Castro es la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por su esposo el derrocado ex presidente Manuel Zelaya y que ahora se presentó como candidato a diputado.

Ella y Hernández son los favoritos según la encuestas para sacar adelante a este país marcado por la corrupción y la pobreza.

En los centros de votación, los electores hicieron largas filas bajo un sol abrasador, en un ambiente de tranquilidad pero no libre de temores sobre lo que pueda ocurrir cuando cierre la jornada y se haga el recuento de votos.

El especialista de la ONG Monitoreo Electoral, Adán Palacios, coincidió en que a cuatro años del golpe de Estado "no se han curado las heridas" en Honduras. "Mi temor es que si no hay un proceso con resultados transparentes y legítimos, se van a volver a abrir" esas heridas porque "los de Libre y los nacionalistas están convencidos que van a ganar" , señaló a la AFP.

La última encuesta situó en un empate técnico a Hernández (28%) y a Castro (27%).

La reconciliación se mira como un punto de partida indispensable para empezar a resolver el resto de problemas. "Honduras marcha a una oportunidad con optimismo, con el deseo ferviente que las heridas puedan sanarse", destacó el cardenal Óscar Rodríguez. "Espero que después (de las elecciones) nos miremos como hermanos, que ya no haya más divisiones ".

imagen

Temas en conflicto

  • El uso de la fuerza militar  en las calles para luchar contra la violencia es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y puso frente a frente a los candidatos presidenciales. Hay más de 20 000 policías y militares pero resultan insuficientes.
  • En lo que va del año,  las autoridades de EE.UU. y Honduras han destruido alrededor de 70 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por narcotraficantes en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, ambos al este.
  • El futuro presidente  afrontará un país con el 71% de personas viviendo en la pobreza y con una situación calamitosa de la economía, con un déficit fiscal del 6% y una elevada deuda pública.

Disponible en: www.elcomercio.com

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Lunes 25 de Noviembre de 2013 11:17

La paradoja de la violencia en América Latina

semana

Sábado, 23 de noviembre de 2013

Autor: Semana

Joven, pobre y latinoamericano, Máximo Romero tenía, a sus 27 años, altas probabilidades de morir asesinado. Vivía en un barrio polvoriento en Ciudad Juárez, la segunda urbe más peligrosa del mundo, donde vendía carros de segunda.

La noche del sábado pasado, cuatro hombres entraron a su casa, amordazaron y acuchillaron a toda la familia. En un charco de sangre quedaron tres niños que tenían de cuatro a seis años y cinco adultos, tres mujeres y dos hombres. Máximo tenía una deuda de 114 dólares por una pelea ilegal de perros.

Esa masacre podría haber sucedido en cualquier ciudad de América Latina. Brasil cerró 2012 con 50.000 asesinatos, un récord histórico. En Guatemala mataron a 660 mujeres en lo que va del año, mientras que en Bogotá un hombre apuñaló a su familia hace unos días. Con más de 1 millón de muertos en la última década, la región es de lejos la más violenta del mundo, una tendencia que no ha logrado derrotar a pesar del boom económico.

Esa es la conclusión del Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado la semana pasada. Desde 2000, 70 millones de personas salieron de la pobreza, el crecimiento del PIB fue del 4,2 por ciento y 50 millones de latinoamericanos se sumaron a la clase media.

Mientras tanto, los homicidios aumentaron en un 11 por ciento, los robos se triplicaron en los últimos 25 años y 40 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo son latinoamericanas. El diagnóstico desafía las teorías, según las cuales el enriquecimiento disminuye la criminalidad. ¿Qué está pasando?

La explicación obvia es el narcotráfico. América Latina, que produce el 90 por ciento de la cocaína, sobrevive a la sombra de Estados Unidos, el mayor consumidor mundial. Y, como le dijo a SEMANA Bruce Bagley, politólogo de la Universidad de Miami y experto en tráfico de drogas, el impacto se reforzó, pues “hay una globalización del consumo, combinado con el efecto cucaracha, donde los grupos se fragmentan y se dispersan, y el problema del traslado de cultivos y rutas cuando se combaten en un país. La infección llegó a Centroamérica, a la región Andina, al pacífico ecuatoriano, a Brasil, a Argentina y a las Antillas. Ya no queda nada más, la guerra contra las drogas contaminó toda la región”.

Pero los carteles, sus fusiles AK-47 y sus millones no son los únicos culpables. Para el PNUD hay que reducir las desigualdades, mejorar la calidad del empleo y el acceso a salud y educación. Eso explicaría una “criminalidad aspiracional”, gente dispuesta a lo que sea para llevarse su tajada de progreso, de consumo.

El periodista Steven Dudley, codirector de InsightCrime.com, le dijo a SEMANA que “el crecimiento no les llega a todos igual y eso crea diferencias más evidentes. El crimen tiene más que ver con la desigualdad que con la pobreza. La gran amenaza es la separación cada vez mayor entre los superricos y los pobres. Esa creación de riqueza desnivelada deja demasiadas personas por fuera”.

Sin embargo, eso solo es parte de la explicación, pues en varios países donde el reparto del ingreso mejoró, el crimen empeoró. Según Bagley “hay ante todo una crisis institucional, no hay un sendero para dirigir las expectativas hacia algo pacífico, político, democrático. El sistema no es transparente, está dominado por las mismas elites políticas y económicas de siempre, corruptas, excluyentes y que se salen con la suya. Eso crea bloqueos y la gente abandona el sistema. Ahí está el brote de la violencia”.

Para el PNUD, en el sistema judicial se concentran todos esos problemas. Todo se compra, nada se investiga, solo van los peces más pequeños a la cárcel y la sociedad no confía en nada. Lucia Dammert, socióloga peruana especializada en seguridad, le explicó a esta revista que “la calidad del Estado es clave, la Policía no sirve, nadie investiga, la impunidad es altísima.

En muchos países menos del 10 por ciento de los homicidios se resuelve, es un incentivo enorme para contratar un sicario. No es que los latinos seamos agresivos, es que el Estado no funciona”. En Colombia solo el 25 por ciento de los crímenes es denunciado y menos del 6 por ciento de los casos que llegan a la Fiscalía termina en una condena.

Eso alimenta la tentación de tomarse la justicia en manos propias, un delito que el 24 por ciento de los latinoamericanos justifica. En Bolivia la epidemia es alarmante, entre agosto y septiembre 35 personas fueron linchadas. A tal punto que un magistrado boliviano lamentó que “si bien constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, la van implantando de facto”.

Y ni hablar de las cárceles. Hace un año 382 reos murieron carbonizados en la prisión de Comayagua en Honduras, en México un reporte mostró que en más de la mitad de las cárceles hay ‘autogobierno’, mientras que en Venezuela en 2012 asesinaron la 600 personas en los penales. Esa es la norma en América Latina, donde palabras como ‘prevención’ y ‘rehabilitación’ no están en el vocabulario. Para el PNUD: “La sobrepoblación carcelaria y la prisión preventiva prolongada son síntomas de las deficiencias de la Policía y el poder judicial”.

La reacción natural frente al problema es clamar por “mano dura”, “aumento de penas” y “más pie de fuerza”. Esas ideas para el PNUD son contraproducentes, pues en realidad fortalecen la criminalidad, fomentan los abusos estatales y aumentan la violencia.

En Brasil el gobierno lanzó un programa con pagos a policías que demostraran ser más duros. Solo sirvió para criminalizar a los agentes, en un país donde todos los días la Policía mata a cinco personas y en Sao Paulo, los uniformados cometen cerca del 20 por ciento de los homicidios.

En México, militarizar la lucha contra el narcotráfico disparó la violación de los derechos humanos y en Centroamérica el encarcelamiento masivo de los pandilleros terminó por reforzar su organización y su poder.

Lo peor de todo es que 87 por ciento de los latinoamericanos está el “de acuerdo con imponer castigos más duros”. Tal vez si la sociedad se pone a pensar con el bolsillo, cambie de mentalidad. Pues la inseguridad cuesta, y mucho. La gente consume menos, gasta en seguridad, no va a donde quiere, paga seguros, repone lo que le roban y el Estado tiene que invertir en armas, policías, jueces. El crimen le vale a Honduras el 10 por ciento de su PIB, el 9 a Paraguay y el 3 a Chile.

Cifras descomunales, que junto al miedo y el asesinato de millones exigen un cambio urgente de enfoque y una reinvención del Estado. Pero la muerte no es democrática, y golpea a los más humildes, los más jóvenes, los más apartados. Gente sin voz que poco importa y difícilmente parará la masacre. Los sepultureros seguirán sin duda teniendo trabajo extra.

Disponible en: www.semana.com

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Miércoles, 20 de noviembre de 2013

Autor: María Teresa Romero

It is no wonder that polarization and populism, two prevailing evils that cause devastating effects on Latin America’s democratic development, have such success in a small and underdeveloped country such as Honduras. Together with Bolivia, Haiti, and Nicaragua, Honduras is one of the poorest nations on the continent, with most of the 8.5 million residents undergoing severe difficulties with education, access to public utilities, drug-trafficking, and other calamities such as gang violence. Its murder rate reached 85.5 per 100,000 million inhabitants in 2012, ranking among the most violent non-warring countries worldwide.

Political polarization has put its mark on the Honduran campaigns, even though there are eight presidential candidates running in elections to be held next Sunday, November 24. Along with a new president, constituents will elect three vice-presidents, 128 deputies to the National Congress, and 298 municipal representatives.

The actual (and fierce) struggle, however, will take place between the conservative ruling party’s candidate, Juan Orlando Hernández of the Partido Nacional, and the opposition left-wing candidate, Xiomara Castro of the Libertad y Refundación (Libre). The latter is the wife of former president Zelaya, who intends to retake power through his support for her. Only a few days away from the elections, however, there is huge uncertainty about who may succeed Porfirio Lobo.

Not only are both parties and candidates seeking to polarize voters and Honduran society, they use counterproductive and superficial populism at every possible opportunity. The high and unaccountable spending of the electoral campaigns, in particular, is an offense against millions of Hondurans who can hardly survive. The abuse of populism has also exceeded politicians promising what they do not have; the populist approach has gone so far as to coarsely invoke God and religion.

It is hard to predict how and to what extent the current polarization and levels of populism may end up favoring which candidate, but the polls — those published in October, before their publication was forbidden — have shown a technical draw: conservative candidate Hernández obtained 28 percent, while revolutionary Castro de Zelaya reached 27 percent.

At the same time, violence has arisen in this electoral campaign. So much so that a group of US senators have recently submitted a letter to Secretary of State John Kerry, stating their concern about “reports of threats against journalists and even threats of murder against candidates.” At least partially, this explains why the elections will be overseen by 250 international observers from the European Union, the United States, and the OAS — despite the fact that the Supreme Electoral Court of Honduras has guaranteed these will be the most transparent elections in the country’s history.

Whatever the result of the election, the winner will face huge challenges, particularly if he should fail to obtain a majority in the National Assembly. From the political and economic perspective, it will be hard to deal with the many pressing national concerns, especially the scourge of violence. President Porfirio Lobo himself has admitted he was unable to fight it, despite the support of the Policía Militar de Orden Público (Military Police, PMOP), composed of around 5,000 troops selected among the best members of the army and trained to protect the population. In addition, the candidate who takes office in January 2014 will confront a country experiencing an economic crisis exacerbated by high domestic and foreign debt.

Additionally, should Xiomara Castro be elected, she will have to struggle in order to fulfill her main electoral promise: calling a National Constitutional Assembly to amend the Constitution. That would be based on the “revolutionary and Bolivarian” government style, like those prevailing in Venezuela, Ecuador, and Bolivia. Half the country opposes this proposal, as well as a majority of the armed forces — the same forces that removed her husband “Mel” Zelaya from office in 2009.

Although silenced for diplomatic reasons, a new presidential victory for the Marxist Zelayistas in Honduras would also trigger an alert and concern among the her Central American neighbors — not to mention Honduras’s chief ally, the United States, for which the presence of the Sandinista Daniel Ortega in Nicaragua is enough of a concern. Like Zelaya, Ortega is seeking to amend the Constitution and follow the trend of the rest of the members of the Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Bolivarian Alliance, ALBA). Investor concern is of no less importance; as analyst Guillermo Peña Panting has rightly pointed out in another PanAm Post feature article, “markets believe that Hernandez will be relatively more prone to economic freedom and clear rules than Castro.”

Disponible en: panampost.com

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Miércoles 13 de noviembre de 2013

Autor: HERALDO MUÑOZ

En años recientes, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económico-social y la delictiva. Pese a los avances en crecimiento y las mejoras en salud, educación y reducción de pobreza y desigualdad, la región se ha tornado la más insegura del mundo.

Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, registrándose más de un millón de asesinatos entre 2000-2010. En 11 de 18 países, las tasas de homicidios superan la clasificación de “nivel epidémico”, con más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En tanto, el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos. Un promedio de seis en cada 10 latinoamericanos fueron víctima de un robo con violencia en el año 2012.

Estos son datos del Informe Regional de Desarrollo Humano Ciudadanía con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que recién damos a conocer. La constatación de que la inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de la región ha llevado al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), en el cual dirijo la división para América Latina y el Caribe, a dedicar dos años de investigación para diagnosticar el problema y aportar recomendaciones para mejorar las políticas públicas en la materia.

¿Cómo explicar el aumento en el crimen y la violencia si América Latina experimentó, entre el 2000-2010, el período de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas? ¿Cómo explicar la magnitud de la inseguridad ciudadana si esta bonanza económica, junto a la creación de empleos y algunas políticas innovadoras en materia social, elevaron más de un tercio de la población de la región a la clase media?

Por un lado, el crecimiento económico no se traduce automáticamente en una mejora en el desarrollo humano y tampoco implica que los ciudadanos estén más seguros. El informe destaca que en América Latina el crecimiento ha sido de baja calidad, basado en el consumo y con insuficiente movilidad social, lo cual ha impulsado una suerte de “delito aspiracional”. Los robos de celulares, laptops y ropa deportiva son una expresión de este fenómeno.

Por otro lado, el deterioro de la inseguridad ciudadana también se relaciona con las transformaciones demográficas causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y fallas en el sistema escolar; es decir, se ha erosionado el tejido social, generándose condiciones que inciden en la criminalidad. Además, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas son factores que impulsan el crimen y el delito. Otro elemento fundamental es la escasa capacidad de los Estados latinoamericanos, así como la falta de profesionalización en el combate al delito y la carencia de proporcionalidad en las sanciones.

La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno en cada tres internos abandonó su hogar antes de los 15 años (en Chile uno en cada dos), y entre un 13% (Argentina) y 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.

Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia, y a la vez son los responsables más comunes de la violencia y los delitos; el informe, también hace un llamado a evitar la estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos.

La violencia de género también es una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región. Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidios) han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales, entre el 75 y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20 y el 40% eran sus familiares, según el informe.

La inseguridad ciudadana también afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de 24 mil millones de dólares en el 2009. Un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado para el informe analizó los costos de la delincuencia y los niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras sufre los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en el 2010 (10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa Rica (2.52%, 915 millones de dólares).

La creciente percepción de inseguridad y el “adelgazamiento” del Estado han estimulado la contratación de vigilantes privados, que ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado 10 veces mayor que la de Europa occidental. Esta privatización de la seguridad agudiza la desigualdad que experimentan los latinoamericanos.

No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero el problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política a largo plazo. América Latina cuenta con experiencias y lecciones aprendidas de gran valor, que se analizan en el informe. Una de las principales lecciones de la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con espirales de violencia y altos índices de criminalidad.

Entre las 10 recomendaciones para una región más segura, destaco la conveniencia de evitar la politización del tema de la inseguridad, visualizándola como un desafío de todos que demanda construir en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, provista de medidas para el corto, mediano y largo plazo.

No hay otro camino sino el de elaborar políticas que se orienten hacia una estrategia integral de seguridad ciudadana, que incluya la actuación policial a partir de un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades locales; la adaptación de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen, enfatizando la prevención en las áreas de riesgo; la mejora de la calidad de vida de la población con especial atención en los grupos más vulnerables como jóvenes y mujeres; una justicia accesible, ágil y eficaz; y una educación que se base en valores de convivencia pacífica, tolerancia y respeto al estado de derecho.

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