10:34 AM
Wednesday, 17 Sep 2014
Martes 05 de Agosto de 2014 09:43

Sociedad civil pide ser incorporada

 

Martes, 5 de Agosto de 2014.

“La MUD debería estructurarse en dos niveles: el electoral, constituido por partidos e independientes, para encarar las elecciones; y el no electoral, integrado por estudiantes, campesinos, ONG, trabajadores, gremios, etc., que conecten a los partidos con sus problemas”. Cree que al secretario ejecutivo hay que seleccionarlo por consenso y que la estructura interna de la MUD debe reunir tres requisitos: “Que sea producto del consenso; que sea efectiva en la toma de decisiones, y que cuente con un mecanismo transparente para el debate interno”.

Carlos Julio Rojas, Coordinador de Asamblea de Ciudadanos de Candelaria

“La MUD tiene que seguir existiendo, pero deben dejar de ver a la gente como simples votantes. Hay que incorporar a los independientes a los equipos de toma de decisiones. El secretario ejecutivo tiene que ser independiente de los partidos, pero seleccionado por consenso de los partidos y las fuerzas vivas de la sociedad”, indicó. Con respecto a la estructura interna, Rojas considera necesario que se elimine el denominado G-7, por considerarlo excluyente: “Deben escuchar a la ciudadanía”.

Rocío San Miguel, Directora de Control Ciudadano

“La unidad es indispensable e ineludible para ser alternativa real de poder, pero la MUD puede ser sustituida por otra metodología, como los acuerdos ad hoc sobre ciertas materias o la reunión periódica de dirigentes partidistas”. No considera necesario un secretario ejecutivo, sino un “secretariado funcional” para las políticas sociales, financieras, de defensa. Dio a las casas de estudios superiores un papel preponderante: “Las universidades son el gran protagonista para convocar discusiones y proponer modelos de participación de la sociedad"

 

“Seguiremos en las calles exigiendo justicia”, adelantó Requesens | Foto Henry Delgado / Archivo

 

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Lunes, 4 de Agosto de 2014. 

Una de las grandes revelaciones de Justicia y Paz es la existencia de un plan del Bloque Central Bolívar para crear un grupo paramilitar que operara en Venezuela, supuestamente, para enfrentar la alianza de autoridades de ese país con las Farc.

En la sentencia contra ‘Julián Bolívar’, uno de los capos de ese bloque, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá reconstruyó cómo alias ‘Gustavo Alarcón’, jefe paramilitar en Santander, empezó a mover ese plan criminal y llegó incluso a trasladar hombres y armas al otro lado de la frontera. (Lea también: Tras 8 años de Justicia y Paz, solo se conoce el 10 % de la verdad).

“El frente internacional que se pretendió crear fue designado con el nombre de José Antonio Páez”, dice la sentencia. Añade que “el proyecto avanzó hasta el 18 de abril de 2003, cuando Alarcón fue asesinado en cumplimiento de una cita en Puerto la Cruz, dominio del estado de Anzoátegui”.

Su muerte se dio en una negociación con traficantes de armas y, dice el Tribunal basado en investigaciones de la Fiscalía y confesiones de ‘exparas’, “la operación fue cancelada y de inmediato se dispuso el traslado de los hombres de las autodefensas, conjuntamente con el material bélico que se había adquirido: en total eran 45 fusiles y cien mil cartuchos, aproximadamente”.

Los paramilitares fueron enviados hacia Vichada y terminaron conformando un nuevo grupo dependiente del Central Bolívar, pero al extremo oriente del país.

 

Hombres y armas alcanzaron a ser trasladados a la frontera.

 

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Viernes, 1 de Agosto de 2014. 

Primero había que cumplir con el ritual. Los delegados que participaron en el III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se presentaron en el panteón que aloja los restos de Hugo Chávez, el Cuartel de la Montaña, para comunicar las conclusiones del evento que culminó la tarde del jueves en Caracas tras cinco días de sesiones. De ellas, la más importante es el inminente aumento del precio de la gasolina anunciado por el presidente, Nicolás Maduro, que pasará primero por el trámite de una consulta pública antes de concretarse.

No es poca cosa. El gobernante ha buscado cobijo ante los restos de su mentor político para anunciar una medida muy impopular. Los venezolanos asumen que les corresponde pagar mucho menos que el precio internacional porque nacieron en un país petrolero. Consciente de esa construcción cultural, Maduro presentó el ajuste como un beneficio para todos. Propuso repartir en cinco áreas los posibles ingresos del aumento, que —según el precio final al que se fije el combustible— se calcula que andará entre 40.000 y 100.000 millones de dólares (de 30.000 a 74.000 millones de euros): viviendas, becas universitarias, asistencia a ancianos, seguridad y vialidad, y servicios públicos.

El gesto es la culminación de varias maniobras destinadas a convencer a la militancia de que es imposible sostener un subsidio al combustible. Según cálculos oficiales, el Estado pierde anualmente 15.000 millones de dólares (11.160 millones de euros) y debe lidiar con otros problemas asociados: el contrabando de combustible hacia la vecina Colombia y las mafias que han enriquecido vendiendo gasolina venezolana con sobreprecio en ese país. El miércoles el vicepresidente del área económica y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, había presentado a los delegados al Congreso las razones para ajustar el precio del litro de combustible —fijado desde hace 18 años en 0,097 bolívares (0,01 euros al cambio oficial)— aunque esta discusión no se hizo pública y los delegados rehusaron confirmar si se había votado o no el aumento en el pleno.

Mucho antes de este evento, los voceros oficiales habían sugerido esa posibilidad, que permitirá cerrar parte de la brecha fiscal, de 12 puntos, del PIB. Lo hizo en diciembre el vicepresidente Jorge Arreaza luego de la victoria chavista en las elecciones municipales del 8 de ese mes. Pero en el camino se atravesó la protesta del ala radical de la oposición, que dejó una herida pronunciada en la popularidad de Maduro, reportada por distintas encuestadoras, y la crisis interna del partido gobernante, desvelada a partir de la salida del histórico ministro de Planificación, Jorge Giordani, un dogmático de izquierdas enfrentado con la posibilidad de un ajuste económico ortodoxo. Maduro ha superado esas dificultades mediante una alianza circunstancial con el número dos del chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el respaldo de su partido, que lo ha nombrado como presidente. Hoy está en la mejor posición para tomar esa decisión que en los meses precedentes.

La medida es parte de un ajuste mayor que, según la firma Ecoanalítica, abarcará otros cinco ejes: uno, la unificación de los distintos tipos de cambio —el Estado se reserva la compra y venta de moneda extranjera desde hace 11 años y medio y ha establecido tres valores de precio del dólar— y la legalización del mercado paralelo de divisas; dos, la flexibilización de la política de controles de precio; tres, el incremento de la producción de petróleo mediante acuerdos con los socios de PDVSA; cuatro, el incremento de las tasas de interés y la reducción del financiamiento monetario desde el Banco Central de Venezuela a las empresas públicas; y cinco, la extensión de los plazos de vencimiento de la deuda exterior concentrados entre 2014 y 2015.

La oposición es consciente de que en Venezuela la gasolina se regala, pero antes de respaldar en público esa medida han preferido criticar la política petrolera del Gobierno. Parte de la producción de crudo venezolano se exporta a Cuba como contraprestación de los servicios de entrenadores deportivos y médicos comunitarios y también se destina a los países miembros de Petrocaribe, que pagan la mitad de la factura a precios internacionales y el resto con financiamiento de hasta 25 años al 4% de interés. Maduro, sin embargo, no pareció dirigirse a sus adversarios al momento de anunciar la consulta para establecer el nuevo precio. Le basta con el respaldo de la militancia y la notificación simbólica ante la tumba del gran timonel Chávez.

 

 

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Lunes 04 de Agosto de 2014 11:13

La cara ‘boliburguesa’ de Miami

Domingo, 3 de Agosto de 2014.

 

La noche del viernes 18 de julio Benny Palmeri-Bacchi iba camino a unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney en Orlando, cuando fue arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA en el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal federal por delitos de tráfico de cocaína, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y extorsión. Palmeri-Bacchi es abogado, era juez en Venezuela y se le acusa de impedir la deportación de uno de los narcos colombianos más buscados entre 2009 y 2010, con ayuda del entonces jefe de la Oficina de Interpol en Caracas. Palmeri se había dedicado al negocio de los alimentos estos últimos años: era directivo de la cámara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgués: un miembro de la nueva oligarquía que floreció a la sombra del chavismo y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su súbita –y con frecuencia mal habida- riqueza.

El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez Palmeri, o de la corrupción que crece al amparo de la bonanza petrolera –en especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admitió en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó 20.000 millones de dólares para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de maletín. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la recuperación del mercado inmobiliario local, golpeado por la crisis económica de 2011.

Esta gran inyección de capital venezolano ha llegado por dosis. Las más altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la antigua oligarquía caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los bolichicos, entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar “sus ahorros” cuando el presidente Hugo Chávez enfermó de cáncer en 2011; y el de altos cargos caídos en desgracia, que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen aún conectados con la administración del presidente Nicolás Maduro y compran, invierten y vacacionan en Florida; y algunos legisladores floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de violación a los derechos humanos en Venezuela.

“Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a menudo utilizan empresas-fachada y testaferros para invertir ese dinero en nuestra economía, sobre todo en Florida. No hay ninguna razón en el mundo por la que no deberíamos ir tras estas personas por lo que han hecho”, dijo en junio pasado el senador republicado de Florida Marco Rubio, cuando el Congreso discutió sin resultados la moción de aprobar sanciones contra estos funcionarios. El grueso de los demócratas se resistía a esta medida hasta este 30 de julio, cuando el Gobierno de Barack Obama anunció unilateralmente que revocaría y denegaría visados a un grupo de altos cargos venezolanos, considerados “responsables o cómplices” de la represión a las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que comenzaron en febrero y donde murieron más de 40 personas y miles fueron detenidas. Washington no reveló ni los nombres ni el número de funcionarios afectados por la medida, pero se sabe que hay entre ellos “desde ministros a asesores presidenciales y funcionarios judiciales, además de militares y agentes de la ley”.

El cambio de opinión del Departamento de Estado ocurrió luego de que las autoridades holandesas liberaron al exjefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, señalado delitos de narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos. Carvajal fue detenido en la isla caribeña de Aruba este 24 de julio, el mismo día en que el exjuez Palmeri-Bacchi tuvo su primera audiencia ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Hugo Carvajal fue liberado 72 horas después bajo el alegato de que gozaba de inmunidad diplomática, y fue recibido en por el Gobierno de Caracas como un héroe que había logrado escapar de una trampa del ‘imperio’.

Durante las primeras horas del arresto, el chavismo temía que Carvajal hubiese llegado a un arreglo con las autoridades estadounidenses, como ya lo han hecho otros en el pasado. En abril de 2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el coronel retirado Eladio Aponte Aponte, huyó de Venezuela a Costa Rica y llegó a Estados Unidos en un vuelo de la agencia antidrogas DEA, donde hizo públicas toda clase de acusaciones que involucraban a altos cargos del Gobierno con el tráfico de drogas y la manipulación del Poder Judicial con fines políticos. También el exteniente Alejandro Andrade -desde 1998, secretario privado de Chávez, viceministro, presidente de fondos de desarrollo, tesorero de la nación y presidente del banco estatal de desarrollo Bandes- parece haber llegado a un acuerdo con Washington luego de que el Departamento de Estado revocó su visado de empresario en 2013 por su participación en un esquema millonario de sobornos.

Caballos purasangre

“Andrade inició conversaciones sobre un posible acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano a fines del verano de 2013 (…) El hecho de que las negociaciones fueron fructíferas lo demostró su presencia durante las competencias de salto en Wellington en febrero y marzo de 2014”, escribe el periodista venezolano afincado en Miami Casto Ocando, en su libro “Chavistas en el imperio: secretos, tácticas y escándalos de la revolución bolivariana en Estados Unidos” (Factual, 2014). A la par de sus actividades en Venezuela, Alejandro Andrade se hizo propietario de la escuela de equitación Hollow Creek Farms, en Carolina del Norte, y comparte el publicitado gusto del chavismo por los caballos pura sangre.

El banquero Arné Chácón -exteniente de fragata y hermano del actual ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón- también tuvo un establo llamado Gadu Racing Stable Corp. a media hora de Miami. Lo compró unos meses antes de que el presidente Hugo Chávez ordenara su detención por fraude a la nación, en noviembre de 2009, y lo vendió antes de salir en libertad condicional, en diciembre de 2012. En su lugar funciona ahora Rontos Stable Corp.: otro establo, propiedad de Ronald Sánchez, hermano del Superintendente Nacional de Valores de Venezuela, Tomás Sánchez, que condujo la intervención de siete entidades financieras en 2009, entre las cuales se contaba el banco de Arné Chacón.

En Miami y las pequeñas ciudades que la rodean se concentra también la más grande comunidad de venezolanos en la diáspora, en su mayoría opositores al chavismo, que han intentado gestos de rechazo contra los gustos millonarios de quienes identifican como ‘boliburgueses’. El 22 de mayo, las autoridades de Miami-Dade aprobaron una resolución simbólica para declarar personas non gratas a los nuevos dueños del canal de noticias venezolano Globovisión –Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero—, tres días después de que el diario El Nuevo Herald publicara un reportaje sobre las millonarias propiedades que estos poseen en una de las áreas más lujosas del sur de Florida, Cocoplum, en la ciudad de Coral Gables. “Por aprovecharse hipócritamente de los beneficios de nuestra democracia, mientras ayudan al gobierno de Venezuela a negar (a sus ciudadanos) esos beneficios de derechos humanos, libertad de expresión y democracia”, decía el documento original. Pero uno de los socios amenazó con demandar a la ciudad por manchar sin pruebas su reputación y en el último minuto, la municipalidad decidió modificar el documento, retirando los nombres de los empresarios.

 

 

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Viernes, 1 de agosto de 2014. 

El presidente venezolano Nicolás Maduro inauguró este viernes una reunión de alto nivel entre miembros de su gabinete y representantes del gobierno de Colombia reafirmando el compromiso de Venezuela para con el proceso de paz colombiano.
"No dejamos de soñar, de rogar las bendiciones de Dios (…) trabajando todos los días para cooperar con ustedes, para ver ese día feliz: bendito día de la paz de Colombia, que estamos seguros llegará", le dijo Maduro al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al inicio del encuentro.
"Ha sonado la hora y ha llegado el momento para la paz de Colombia. La paz en Colombia nunca estuvo tan cerca como está en este momento", aseguró además el mandatario venezolano, quien se desplazó hasta la ciudad de Cartagena para la ocasión.
Como recordó el corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Arturo Wallace, Venezuela es uno de los facilitadores de las negociaciones que el gobierno colombiano sostiene con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde noviembre de 2012.
"Y aunque en Colombia muchos ven al gobierno de Maduro como un aliado de la guerrilla y lo critican por eso, otros entienden que eso lo convierte en una influencia potencialmente decisiva para las negociaciones", explicó nuestro corresponsal.
Santos, por su parte, al agradecer el gesto dijo que estaba seguro de contar con el apoyo venezolano hasta el final.
"Muchas gracias de nuevo, presidente Maduro, por su apoyo en todo el proceso. Porque ustedes han estado presentes desde el comienzo, están presentes hoy y seguirán estando presentes", declaró el mandatario colombiano.
El contrabando en agenda

Entre los temas destacados de la agenda que convocó a los dos mandatarios también se destaca el problema del contrabando de alimentos en la frontera. Un problema que, como explicó el presidente Maduro, "perturba la vida económica de los dos países".
Según las autoridades de Venezuela entre el 30 y el 40% de todas sus importaciones terminan, por culpa del contrabando, en el mercado colombiano, lo que lo convertiría en una de las principales causas de la escasez que afecta al país.
Las autoridades colombianas, por su parte, estiman que el contrabando en Colombia es un negocio de US$6.000 millones que también le deja cuantiosas pérdidas al país.
"Ya está perfilado el conjunto de decisiones que tomar en el campo legal, en el campo financiero, en el campo de la seguridad (para combatir ese flagelo)", afirmó sin embargo el mandatario venezolano.
Y afinar los detalles de esas medidas es uno de los objetivos del encuentro de hoy, en el que también se evaluará el nivel de cumplimiento de compromisos adquiridos en los temas de Política y Seguridad, Minas y Energía, Comercio y Finanzas e Infraestructura y Transporte.

 

 

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Publicado en Noticias Colombia

 

Viernes, 1 de agosto de 2014.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la apertura de un debate en el país para establecer los nuevos precios de los combustibles internos, incluyendo la gasolina.
Maduro hizo la propuesta durante el acto de cierre del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en Caracas.

"Formalmente abro el debate en el país sobre el nuevo sistema de precio justo de los combustibles internos", dijo el mandatario.
Propuso además que el dinero producto del aumento sea destinado a programas sociales.
"Aunque este no es el aumento de la gasolina como tal, muchos venezolanos se toman la propuesta de Maduro como una demostración de que la medida, de la cual se viene hablando desde finales del año pasado, es casi un hecho", dice el corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Daniel Pardo.
En Venezuela se paga alrededor de 50 centavos de dólar (a la cotización oficial de 6,30 bolívares por dólar) por llenar un tanque de 50 litros de un vehículo común de pasajeros.
"En Venezuela, donde la gasolina se considera un bien público, el aumento de su precio es una de las medidas más impopulares que puede tomar un gobernante", dice nuestro corresponsal.
En 1989, un aumento del combustible decretado por el entonces recién electo presidente Carlos Andrés Pérez desencadenó una revuelta popular conocida como el "Caracazo" la cual dejó cientos de muertos.

 

Nicolás Maduro

 

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Publicado en Noticias Venezuela
Miércoles 30 de Julio de 2014 11:47

Jaua: Estados Unidos debe serenarse

 

Miércoles, 30 de Julio de 2014.

 

El Canciller señaló que no han recibido notificación del anuncio que realizó la portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Marie Harf "Esperaremos y evaluaremos"

El canciller de la República Elías Jaua anunció que Estados Unidos "debe serenarse" y tratar con mucha seriedad los derechos internacionales de los países.

"Deben comprender que ninguna de estas iniciativas políticas internacionales de cooperación que han sucecido en Ameríca Latina es contra ellos", dijo durante una rueda de prensa.

El Canciller hizo referencia a las medidas tomadas por EE UU al suspender las visas de los funcionarios del Gobierno.

"Entedemos estas últimas acciones desesperadas, ellos la toman con nosotros pero en el fondo es un reconocimiento del importante papel de la Venezuela revolucionaria (...) Bienvenida sea su furia si lo que se cobra es el papel de Venezuela en su lucha por la unidad de Ameríca Latina . Entendemos todas estas agresiones como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse que no sea el atropello y la preopotencia imperial. Cada vez más el derecho internacional prevalece".

Jaua defendió que Holanda defendiera el derecho internacional al respetar la inmunidad diplomática en el caso de Hugo Carvajal.

“EE UU parece que no conoce el derecho el internacional y arremete. Es un acto de inmadurez e irracionalidad. La liberación en el marco del derecho internacional sin ningún tipo de presiones que no sean la de los argumentos jurídicos y diplomáticos (...) Nosotros no somos como Estados Unidos, no presionamos a nadie, no chantajeamos a nadie, nosotros estamos con la verdad, la ley”, declaró.

Señaló que no han recibido notificación del anuncio que ha hecho Estados Unidos "esperaremos y evaluaremos".

Señaló que la Casa Amarilla está disponible para recibir ayuda humanitaria que será enviada a Gaza.

 

Elías Jaua, canciller de la República / Captura

 

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Martes, 29 de Julio de 2014. 

 

Así lo declaró el ministro de Transporte Aéreo, Luis Graterol.
El ministro de Transporte Aéreo de Venezuela, Luis Graterol, dijo hoy que "el Estado no tiene deudas con las aerolíneas" e informó de que el Gobierno mantiene conversaciones con las líneas áreas internacionales, con las que se ha avanzado en los acuerdos para la asignación de divisas.

"Reafirmamos nuestro compromiso para continuar fomentando la actividad aérea y reiteramos que el Estado no tiene deuda con las aerolíneas", dice un mensaje en la cuenta de Twitter de Graterol, difundido este martes.

En otro escrito, el ministro indica: "Mantenemos mesas de trabajo con aerolíneas internacionales y hemos avanzado en los acuerdos propuestos por el Estado para la asignación de divisas".

Asimismo, Graterol informó de que este lunes, el Gobierno autorizó la asignación de divisas a Iberia y Delta Airlines, "como parte de los acuerdos alcanzados" y apuntó que la aerolínea española ratificó "la confianza en Venezuela y garantiza operaciones".

Además, indicó que American Airlines fue "autorizada" para "la reactivación de 2 frecuencias hacia Miami, con salida desde los aeropuertos de Maiquetía (que sirve a Caracas) y Maracaibo (oeste)".

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) instó este martes al Gobierno venezolano a que establezca un diálogo que desbloquee el contencioso que mantiene con 24 aerolíneas que reclaman la cancelación de una deuda que, asegura esta institución, asciende a más de 4.100 millones de dólares. (EFE)

 

(Foto: Finanzas Digital.com)

 

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Miércoles 30 de Julio de 2014 10:55

Venezuela “podría ser aislada del mundo”

ABC color 2013

 

Martes 29 de Julio de 2014. 

 

“Las aerolíneas no pueden ofrecer su servicio cuando no hay certeza de pago. El gobierno venezolano ha prometido muchas veces cumplir con sus obligaciones. Pero siguen sin cancelarse 4.100 millones de dólares”, indicó en un comunicado fechado en Miami el director de IATA, Tony Tyler.

“Venezuela arriesga quedarse desconectada de la economía global”, afirmó Tyler, quien envió una cuarta carta al presidente Nicolás Maduro, en la que le pidió una reunión para alcanzar un acuerdo. Dos líneas aéreas han cancelado sus operaciones en Venezuela y una decena más las han reducido drásticamente en los últimos meses ante la falta de pago del Gobierno venezolano, quien enfrenta una sequía de divisas.

Otras empresas, como Air Europa, Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico, han aceptado la propuesta venezolana de cancelar la deuda en cuotas y con quitas. Los servicios aéreos internacionales se han reducido en 49% en Venezuela desde el año pasado, señaló IATA.

“Venezuela, como todos los países, obtiene enormes beneficios de las conexiones aéreas. El transporte aéreo cataliza el crecimiento económico y es un componente clave del bienestar económico de Venezuela(...). Sin conexiones aéreas sólidas al mundo, hay poca chance de una recuperación”, dijo Tyler. En Venezuela, donde rige un estricto control de cambios, las aerolíneas están obligadas a vender sus boletos en bolívares y luego a iniciar un largo y arduo proceso para obtener los dólares.

 

Los servicios aéreos internacionales se han reducido en 49% en Venezuela desde el año pasado.

 

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Miércoles, 30 de Julio de 2014. 

 

WASHINGTON.- Estados Unidos negó visas de viaje a un "número de funcionarios" venezolanos a los que acusa de violaciones a los derechos humanos, anunció este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

"El secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje a Estados Unidos a un número de funcionarios venezolanos que son responsables o cómplices de violaciones de derechos humanos", dijo en un comunicado la portavoz Marie Harf.

"Nuestro mensaje es claro: aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos", dijo Harf, indicando que Washington no publicará los nombres de los afectados.

Las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo, y que terminaron con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.

Según Estados Unidos, el gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con "detenciones arbitrarias" y "uso excesivo de la fuerza", y en repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a los opositores.

El gobierno estadounidense reiteró que las restricciones están dirigidas a funcionarios específicos y no afectan a la población venezolana.

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó a fines de mayo una ley que determina que el gobierno del presidente Barack Obama congele bienes y restrinja visas contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones recientes.
El Senado estudia una ley similar.

Pero el Ejecutivo reiteradamente se había distanciado de esa opción, señalando que no era necesaria ni oportuna y prefiriendo un diálogo político en Venezuela.

Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2010.
A pesar de la tensa relación bilateral, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, que a su vez importa miles de productos de ese país.

 

 

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