04:35 PM
Friday, 22 Aug 2014

 

Martes, 15 de Julio 2014

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo terrorista colombiana, denunció que la causa de los desplazamientos masivos ocurridos en los últimos meses en el departamento noroccidental del Chocó, fronterizo con Panamá, es una alianza militar y paramilitar.

A principios de mayo, la Defensoría del Pueblo alertó del desplazamiento de 2.500 indígenas de esta región a causa de los combates entre el ELN y Los Urabeños, una banda narcoparamilitar surgida tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

Desde entonces, las alertas de la Defensoría, pero también de la Conferencia Episcopal y de la ONU, por nuevos desplazamientos han sido continuas.

La ONU, por medio del representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Todd Howland, pidió hace pocos días al Gobierno que intervenga para frenar la violencia en esta región.

"Queremos lanzar una alerta a la comunidad colombiana e internacional porque, aunque estamos en un proceso de paz, Chocó está sufriendo nuevos desplazamientos motivados porque varios grupos ilegales están naciendo para controlar el territorio", dijo Howland.

Según el grupo terrorista, este "desplazamiento de poblados enteros, hacia las ciudades cercanas" es causado por los operativos "de las Fuerzas Armadas y paramilitares del régimen".

Y señaló a la Brigada 15 del Ejército y a la Fuerza de Tarea Titán, con jurisdicción en la zona, y a "sus bandas paramilitares".

El ELN reivindicó 71 acciones armadas entre el 15 de mayo y el 28 de junio que, según su versión, dejaron 31 paramilitares y 13 heridos a causa de los combates y el minado de campos.

Los terroristas alertaron de que, más allá de los combates, en el Chocó sufren "fumigaciones con glifosato contra los caseríos más pobres, en los que dañan cultivos de donde se deriva el alimento de la gente, trayendo hambre, enfermedades y destierro".

Grupo terrorista del ELN culpa de desplazamientos en Colombia a la ‘alianza’ militar y paramilitar

Fuente: www.ntn24.com/

Más hechos y acontecimientos sobre negociación y conflicto en Colombia aquí

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Martes 13 de Agosto de 2013 12:08

Los indígenas se divorcian de Correa

el país

Domingo 11 de agosto de 2013

Autor: SORAYA CONSTANTE

Unos 400 delegados indígenas ecuatorianos decidieron este domingo el futuro de su brazo político, el movimiento Pachakutik. Fanny Campos, de 47 años, alcanzó la jefatura del movimiento con 223 votos. Es la primera mujer dirige el Pachakutik en sus 18 años de vida. Su mayor reto es unificar el movimiento indígena y recuperar el enorme peso de antaño. Tiene dos años para completar esta tarea y la primera prueba serán las elecciones locales de 2014. Pachakutik ha perdido fuerza durante el mandato de Rafael Correa.

La división interna del movimiento comenzó en 2006, justamente en la primera campaña que hizo Correa para llegar al Gobierno. Había interés dentro del movimiento para presentar un candidato indígena como binomio de Correa, pero la dirigencia nacional optó finalmente por participar sin alianzas y lanzó a Luis Macas como candidato a la presidencia. El fracaso fue rotundo pues obtuvieron unos 100.000 votos, el 2,1% del total, y pasaron a ser la sexta fuerza política en el país. Rafael Correa, pese a todo, fue conciliador con el sector indígena y prueba de eso fue el nombramiento de Mónica Chuji, indígena de la nacionalidad quechua de Sarayaku (oriente del país), como Secretaría de Comunicación.

También quedó para la anécdota que Correa recibió el bastón de mando de parte de los indígenas de la localidad de Zumbahua (centro del país), donde había hecho trabajos comunitarios con los salesianos en los ochenta. Los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez acompañaron a Correa durante aquella ceremonia.

Pero la separación entre los indígenas y el Gobierno se produjo cuando Correa empezó a criticar la protesta social. El detonante fue la detención y agresión policial de una veintena de personas que exigían obras viales para la localidad de Dayuma, en la provincia oriental de Orellana, de la que se extraen unos 40.000 barriles de petróleo por día. El Gobierno acusó a los manifestantes de sabotaje y terrorismo por tratar de bloquear el bombeo de petróleo e incluso culpó a la gobernadora de Orellana y miembro de Pachakutik, Guadalupe Llori.

Mónica Chuji, que había sido Secretaría de Comunicación hasta 2008 y que ese año pasó a ser asambleísta por el partido de Correa, dejó el Gobierno tras los incidentes en Dayuma y los grupos indígenas, especialmente la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie), empezaron a denunciar la represión contra líderes indígenas en todo el país. Hasta la fecha los sectores indígenas denuncian más de 200 casos de persecución a activistas.

El partido de Gobierno, sin embargo, no quiso distanciarse de los indígenas y buscó algunas alianzas. Así se firmó el acuerdo entre Pachakutik y Alianza País en Chimborazo para las elecciones de 2009. Esta provincia ha sido desde entonces el punto de la discordia del indigenismo, hasta quedar marginada por la dirigencia nacional de Pachakutik.

Miguel Lluco, fundador de Pachakutik y dirigente en Chimborazo, asegura que mantiene la alianza porque el presidente Correa respeta la línea política del movimiento, pero el resto de dirigentes están en contra y lo acusan de traidor. Correa sin embargo lo califica como un líder “sano” con quien se puede dialogar. Otro dirigente indígena acusado de traidor es Ricardo Ulcuango, que aceptó ser embajador en Bolivia. Este era uno de los miembros más destacados de la Ecuarunari, la segunda organización indígena más importante después de la Conaie. Ulcuango, tras sumarse al Gobierno de Correa, fue expulsado de Ecuarunari.

Correa ha mantenido una campaña de desprestigio contra ciertos indígenas, como Lourdes Tibán, que ha sido diputada de Pachakutik desde 2009, y Salvador Quishpe, actual gobernante de la provincia oriental de Zamora Chinchipe. Ambos encabezan la oposición de las comunidades indígenas a la explotación minera que plantea el Ejecutivo. En sus arengas radiales de cada sábado, Correa ha satirizado varias veces a estos indígenas. Un ejemplo fueron sus declaraciones del 10 de marzo de 2012, unos días antes de que concluyera la marcha en defensa del agua que organizaron las comunidades indígenas. El presidente, al hablar de su política minera, dijo: “No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice el proceso de cambio”.

Pachakutik llegó con todo este lastre a las elecciones presidenciales de febrero pasado, donde se impusó Rafael Correa con un 57% de los votos. Su estrategia de formar un frente común con la izquierda no le dio buenos resultados y apenas captaron unos 280.000 votos (el 3,7%) para su candidato presidencial, Alberto Acosta. Esto les llevó a tener cinco diputados, muy pocos frente a los 100 escaños que tiene Alianza País. Para José Chiriboga, miembro del movimiento indígena desde hace dos años, el fracaso electoral tiene que ver con las alianzas políticas. Para él, “los inicios de Pachakutik fueron gloriosos porque era un movimiento puro”.

El reto que tiene la nueva dirigencia del partido indígena es revitalizar al movimiento que surgió en 1995 con cuadros fuertes como Nina Pacari y Luis Macas, que llegaron al Congreso en 1998. Pachakutik aspira volver a ser la fuerza política que fue decisiva en la caída de los presidentes Abdalá Bucarám, cuyo corto mandato fue de agosto de 1996 a febrero de 1997, y Jamil Mahuad, derrocado en enero de 2000 en plena crisis económica. De esa época quedan las imágenes de los indígenas que tomaron las carreteras del país y que llegaron a Quito para exigir la dimisión de ambos presidentes. Pachakutik dio su apoyo al sucesor de Mahuad, el coronel Lucio Gutiérrez, que llegó a la presidencia en enero de 2003. Los dirigentes indígenas llegaron a ocupar los Ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura. Pero la unión duró seis meses. Los indígenas le quitaron el apoyo a Gutiérrez por el nepotismo en el gobierno y las prebendas a los militares.

Disponible en: internacional.elpais.com

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El Banco Mundial Trabajamos por un mundo sin pobreza

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Jueves 23 de Mayo de 2013

Autor: Banco Mundial

La Moskitia, tierra de historias y leyendas en la costa caribeña de Honduras, ya no es considerada tierra de nadie. Sus dueños, las comunidades indígenas originarias, en especial los Miskitos, han recibido el título que los acredita por primera vez como propietarios de ese territorio y les da el poder de manejar sus recursos a la vez que les compromete a cuidar el medio ambiente.

Todo comenzó en 2004, cuenta Enrique Pantoja, especialista en administración territorial del Banco Mundial. Fue ese año que el Gobierno de Honduras aprobó una ley de propiedad de tierras que en uno de sus capítulos reconoce las propiedades colectivas de los pueblos indígenas.

¿Pero cómo hacer la demarcación y la titulación?

“Cuando el gobierno decidió comenzar el proceso de reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas, buscamos los países donde estos procesos estuvieran más avanzados para aprender de sus experiencias”, explica Pantoja.

Es así como con el asesoramiento del Banco Mundial se organizaron dos giras de cooperación sur-sur para oír de primera mano, de parte de funcionarios del gobierno y de miembros de comunidades beneficiadas, cómo fue el proceso de propiedad territorial en Nicaragua y Colombia.

“Antes de la cooperación sur-sur, la relación entre las comunidades indígenas y el gobierno central de Honduras era muy polémica, no había confianza mutua y no tenían una idea clara de cómo proceder”, cuenta Román Alvárez, coordinador nacional del segundo proyecto de administración territorial.

Según Pantoja, la cooperación ayudó a establecer una ruta, los procedimientos a seguir en la asignación de los títulos de propiedad.

Y para los involucrados fue muy importante ver cómo les fue a otros países y cómo trabajaron otras agencias y gobiernos conjuntamente para el avance exitoso del proceso.

“Es la primera vez en la historia que un pueblo indígena se reúne con el Presidente de la República y su gabinete y de ahí inicia ya el primer título que, gracias a Dios, recibí de manos del presidente”, afirma Gilberto Maibet, presidente del consejo territorial de Katainasta, en la Moskitia hondureña. Esto ocurrió en agosto del 2012.

El intercambio de experiencias y conocimientos ha sido clave en el éxito inicial del proceso.

“Con los títulos, las comunidades indígenas tienen el derecho para manejar sus recursos naturales. Actualmente hay otros dos territorios que han sido delimitados y titulados, lo que demuestra no solo el compromiso, sino el entendimiento de que es un hecho muy positivo para el país”, concluye Pantoja.

Disponible en: www.bancomundial.org

 


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infolatam

Miercoles 14 de noviembre del 2012

Autor: SERGIO FAUSTO

Mexico sequía niños

Niños observan hoy, jueves 26 de enero de 2012, la poca agua existente en los campos áridos del municipio de Santa Clara (México), donde han muerto unas cuatro mil reses a causa de la falta de agua y alimento por las intensas sequías/Imagen tomada de Infolatam 

Según los datos extraídos de los censos de la década de 2000, en América Latina 88% de los indígenas menores de 18 años sufren algún tipo de privación, frente a 63% de la población general del mismo grupo etario. Esta situación expresa una violación a los derechos de los niños y niñas a la supervivencia y el desarrollo e implica un alto costo para la sociedad en términos de capacidades humanas e inclusión social

Invertir en la superación de la pobreza infantil indígena constituye una obligación estatal básica para implementar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y para garantizar la supervivencia de los pueblos originarios y su aporte al porvenir de América Latina, plantean CEPAL y UNICEF en el Boletín Desafíos N°14 publicado hoy.

“No es posible entender la pobreza de la niñez indígena sin considerar el empobrecimiento sistemático al que han sido sometidos sus pueblos. Por lo tanto, toda política pública dirigida a superar la pobreza infantil indígena tendrá que considerar de manera sinérgica la situación de dichos pueblos”, señala el artículo central de la nueva edición de esta publicación conjunta dedicada a la infancia y adolescencia de la región.

El artículo titulado “El derecho al bienestar para la infancia indígena: situación y avances en América Latina” fue preparado por Fabiana Del Popolo, experta del CELADE-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

De acuerdo con el boletín elaborado por CEPAL y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los niños y niñas indígenas de la región sufren una privación severa de acceso a la educación, el agua potable y la vivienda tres veces mayor que el resto de los niños de su edad.

Cerca de 6,3% de los niños y niñas indígenas de 7 a 18 años ven gravemente vulnerado su derecho a la educación, ya que no han accedido a ella formalmente o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudio. En el caso de la niñez no indígena esta situación alcanza solo a 1,9%. Por esta razón, se recomienda fortalecer la educación intercultural bilingüe.

Asimismo, 65% de la infancia indígena sufre privación severa de vivienda y 19% privación moderada. En materia de acceso al agua potable, los resultados también son desalentadores: 30,5% de los niños y niñas indígenas no tienen acceso a ella y 51,8% sufre privación severa de saneamiento.

“Estas inequidades están estrechamente ligadas a las desigualdades territoriales. Los pueblos indígenas se asientan en mayor proporción en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos y la oferta de bienes y servicios del Estado es más deficiente”, explica el artículo.

También se reconocen algunos avances recientes. En Ecuador, México y Panamá, países que levantaron censos en el año 2010, la privación en educación cayó entre un tercio y la mitad en comparación con las cifras observadas en 2000.

Los resultados referidos a la vivienda y al agua son menos favorables en esta última ronda de censos. Las carencias que afectan a los niños y niñas indígenas en estos ámbitos disminuyeron en los últimos 10 años en Ecuador, México y Panamá, pero fue mayor el descenso en la niñez no indígena, por lo tanto, la desigualdad se ha incrementado.

La publicación finaliza con la descripción de una experiencia de uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en un programa de educación intercultural bilingüe en México.

El Boletín Desafíos es una publicación conjunta de CEPAL y UNICEF que registra el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referidos a la infancia y adolescencia en la región.

Disponible en: www.infolatam.com

 

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Octubre 31, 2012

 

 

El abogado que demandó a Chevron dijo a Infobae América que la petrolera "huye" de la Justicia ecuatoriana, por lo que se ven obligados a recurrir a otros países donde tiene bienes.


Un exhorto de la Justicia ecuatoriana, que ordena el embargo de activos por 19.000 millones de dólares, será presentado en las próximas horas en los tribunales de Argentina y Colombia para su ejecución inmediata.

Abogados argentinos y ecuatorianos informaron en Buenos Aires que harán la presentación "en cualquier momento a partir de mañana (jueves)" ante la Justicia argentina, en el marco del millonario juicio a la petrolera estadounidense por el daño ambiental que produjo en Ecuador, según DPA.

En una entrevista con Infobae América, Pablo Fajardo, abogado que lidera el juicio en Ecuador contra Chevron, expresó que la empresa debe US$ 19.021 millones.

“Al haber una deuda importante a nuestro favor y al no tener la empresa activos en Ecuador -porque está  huyendo de las Cortes ecuatorianas y ha prometido no pagar esta condena judicial-, nos vemos obligados a recurrir a varios países donde hay activos, entre ellos, Argentina. Ya hemos recurrido a Brasil y a Canadá; estamos preparando otras acciones más y ya tenemos otra lista para interponer en Colombia en las siguientes semanas”, informó.

Chevron fue condenada por la Justicia ecuatoriana al pago de US$ 19.000 millones como resarcimiento para los 30.000 integrantes de las comunidades indígenas afectados por la contaminación que produjo la petrolera en unas 500.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana por arrojar 60.000 millones de litros de agua tóxica en afluentes del Amazonas.

“A los pueblos indígenas los sacó de su economía de subsistencia y los involucró en una economía de mercado, para la cual ellos nunca estuvieron preparados. La gente y el medioambiente son víctimas de un desastre ambiental causado por Chevron, únicamente por ahorro económico y por una actitud racista de la empresa”, sostuvo Fajardo en una entrevista con Infobae América.

Las comunidades llevaron su demanda para el embargo de activos de Chevron primero a Canadá, luego a Brasil y ahora será el turno de Argentina y Colombia. Estos dos países firmaron, junto con Ecuador, un tratado internacional para tramitar entre países embargos y medidas cautelares. El juez ecuatoriano Wilfrido Erazo de Sucumbías libró sendos exhortos para las Justicias de Argentina y Colombia, en los que ordenó el embargo de los activos de Chevron identificados en varios países, informaron los abogados Enrique Bruchou y Pablo Fajardo, según DPA.

El letrado ecuatoriano afirmó que el objetivo es ir recaudando progresivamente la totalidad de la deuda que tiene Chevron con la Amazonía ecuatoriana y con la humanidad. “Realmente se destruyó la vida, hay un daño tan fuerte, tan real y tan grave que ha sesgado la vida de cientos de personas que han muerto con cáncer o leucemia por culpa de los tóxicos de Chevron”, expresó.

Chevron explota en Argentina el yacimiento El Trapial en la cuenca de la patagónica provincia de Neuquén, el segundo más importante del país, mientras que en Colombia se dedica al negocio del gas, estaciones gasolineras y lubricantes, principalmente. La petrolera contaría en Argentina con activos por unos US$ 2.000 milloness, según la información pública de 2010. El exhorto ordena el embargo de las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, todo lo producido por la venta de petróleo, sus cuentas bancarias y el 18% que posee en el Oleoducto del Valle, precisó Bruchou.

La empresa demandada opera en 53 países y el 75% de sus activos, ventas y ganancias se produce fuera de los Estados Unidos. Tiene un valor de mercado de aproximadamente 220.000 millones de dólares y es la tercera compañía de Estados Unidos y la octava petrolera del mundo. Los próximos pasos serán llevar las órdenes de embargo a países de Europa, Asia y Oceanía, según DPA.

“El gran sueño nuestro es reparar el daño provocado por Chevron, es limpiar el suelo, el agua, reconstruir la vida de la gente, tener una Amazonía limpia donde nuestros hijos no estén expuestos a un crimen tan fuerte y tan grave como éste”, finalizó Fajardo.

 

 

Disponible en: america.infobae.com

 

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BBC_MUNDO

 

 

Por: Arturo Wallace

Octubre 12, 2012

 

 

Los indígenas de la región amazónica han recordado en silencio durante cien años la humillación, el dolor y la muerte ocasionados a inicios del siglo XX por la explotación del caucho.

Esclavos en la Amazonía durante la explotación del cauchoNumerosos indígenas amazónicos fueron esclavizados por los empresarios del caucho.

Pero este 12 de octubre uitotos, boras, okainas y muinanes conmemoraron públicamente la tragedia, convencidos de que un mejor futuro no puede prescindir de las enseñanzas del pasado.

"El objetivo es revisar lo que pasó hace cien años y convertir toda esa mala historia en cosas buenas para el beneficio de la nueva generación", le dijo a BBC Mundo Jesús Teteye, taita (médico tradicional) del pueblo bora, una de las tribus que estuvieron a punto de ser diezmadas por los empresarios del caucho.

"Tenemos una historia tan grande, tan fuerte, tan dolorosa… Pero los ancianos ya están cerrando parte de esa historia para, como decimos por aquí, "abrir el nuevo canasto'", explicó por su parte Raúl Teteye, rector del colegio indígena que ahora opera en la infame "Casa Arana", en La Chorrera, en el departamento colombiano de Amazonas.

La "Casa Arana" es el centro de la conmemoración, que reune a indígenas llegados de Perú y Brasil, así como representantes de la comunidad internacional y del gobierno colombiano.

La edificación era, hace cien años, el principal centro de acopio de caucho de la zona.

Y su propietaria, la peruano-británica Peruvian Amazon Company, hizo su fortuna explotando brutalmente a los pueblos indígenas amazónicos, mediante la amenaza, la tortura, la esclavitud y el asesinato.

 

Genocidio

Los abusos de la cauchería fueron documentados en su momento por el cónsul británico en Manaos, Roger Casement, el protagonista de la novela de Mario Vargas Llosa "El sueño del celta".

Según su "Libro azul del Putumayo", publicado en 1912, para esa fecha más de 40.000 indígenas habían fallecido durante la primera fiebre del caucho.

Y como resultado de las denuncias de Casement, la Peruvian Amazon Company se desintegraría un año más tarde.

La "Casa Arana", sin embargo, continuaría operando hasta 1932. Y los indígenas de la zona estiman en 100.000 el total de las vidas perdidas por causa de los abusos de los empresarios del caucho.

"Fue un genocidio. Es algo que casi no se conoce en el mundo afuera de Colombia, pero tiene una importancia tremenda y mucha relevancia en asuntos de derechos humanos, medio ambiente, derechos indígenas, inversión", le dijo a BBC Mundo el embajador del Reino Unido en Colombia, John Dew, uno de los invitados al acto.

"Y es importante mostrar con mi presencia que los tiempos han cambiado y que tenemos el mismo compromiso con los derechos humanos hoy día que teníamos en la época de Casement", agregó el diplomático británico.

Para Raúl Teteye, por su parte, la actividad también es una oportunidad para que los gobiernos de Colombia, Perú, Brasil "y sobre todo la Gran Bretaña, que fue la que financió parte del dinero con el que se hizo la empresa acá, puedan hacer hacia el futuro enseñanza a sus jóvenes de como se degrada una persona humana, de como un ser humano puede ser tan horrible para el ser humano como lo fue en esa época de la Casa Arana".

Jesus Teteye, taita boraPara Jesús Teteye hay que convertir "la mala historia" en cosas buenas para la nueva generación

"Estamos trabajando para tener esa esperanza hacia el futuro", le dijo además a BBC Mundo.

"Pero sin desconocer nuestra historia tan dolorosa. Sabiendo que, en cualquier momento, en otras partes o en este mismo lugar, puede volver a suceder" agregó.

 

Disculpas

La ocasión también estuvo marcada por las disculpas que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció en nombre del estado colombiano.

"A las comunidades de los pueblos Uitoto, Bora, Okaina, Muinane, Andoque, Nonuya, Miraña, Yukuna y Matapí, a todos pido perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas", dijo el mandatario en un mensaje enviado desde Bogotá.

"Estas comunidades nos han convocado a nombrarlos hoy, a reconocerlos, a honrarlos, a reconstruir con ellos la memoria de esos hechos. Sus hijos y sus nietos hoy nos convocan a pedir, en nombre del Estado colombiano, perdón por su tragedia", dijo el presidente, quien tenía originalmente previsto asistir a la conmemoración, pero se vio obligado a quedarse en la capital colombiana por recomendación médica.

 

 

Disponible en: www.bbc.co.uk

 

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univision
Miércoles, octubre 10 de 2012
Autor: Redacción Univisión
Los indígenas colombianos demandaron hoy un espacio de participación en el proceso de paz que el Gobierno de este país y las FARC abrirán la próxima semana en Oslo, pues como víctimas y conocedores del conflicto armado consideran que tienen "mucho que aportar".

En el VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas, que desde principios de semana congrega a unos 5.500 nativos en un colegio del sur de Bogotá, las autoridades aborígenes definen cuál será su estrategia para incidir en la negociación del fin de un conflicto que les ha arrebatado derechos y muchos compañeros.

Para ello, organizaron una decena de mesas de trabajo, y dedicaron una de ellas a perfilar el papel del movimiento indígena en el proceso de paz, a pesar de haber sido excluidos de las conversaciones exploratorias que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno sostuvieron entre febrero y agosto.
Sin embargo, el consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y coordinador de la mesa de paz del Congreso, Juvenal Arrieta, matizó en declaraciones a Efe que "el tema de paz para los indígenas no es nuevo" y defendió que han sido "actores constructores de paz desde hace mucho tiempo".

"Tanto la guerrilla como el Gobierno tienen mucha responsabilidad sobre nuestros muertos, desgracias y sobre la violación de nuestros derechos, y que se les haya olvidado a quién han matado, a quién han discriminado y quiénes hemos propuesto históricamente una iniciativa de paz y de reconciliación para el país es (motivo de) indignación", lamentó Arrieta.

Los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno arrancan el próximo 17 de octubre en Oslo, pero los indígenas creen que hasta entonces tienen tiempo para hacer oír su voz y lograr que sus propuestas para mantener una paz duradera -que pasan por una redistribución de la riqueza- se incorporen a las conversaciones.

En el congreso bogotano, en el que además se celebra el 30 aniversario de vida de la ONIC y se reorienta su proyecto político, los indígenas construirán su estrategia en una plenaria que se celebra entre hoy y mañana.

"La propuesta del movimiento indígena agrupado en la ONIC parte de un Congreso Nacional Indígena de Paz, en el que vamos a definir un marco político y metodológico que convoque a la comunidad civil para presionar a los que estén en la negociación, sea en Oslo o en Cuba, para que se incluya a los pueblos indígenas", anunció.

Aún no han concretado la fecha ni el lugar de este encuentro definitivo en el que harán propuestas sólidas para blindar sus preocupaciones: conservar sus territorios ancestrales ante un posible reparto de la tierra, garantizar el respeto a su soberanía y que los indígenas exguerrilleros se reinserten en paz.

Y es que, como reconoció Arrieta, "las FARC reclutan masas de nuestra gente (indígena)" y si entregan las armas y se quieren reinsertar en la sociedad, los pueblos nativos deben estar también prevenidos para acogerles.

La población aborigen colombiana es de poco más de 1,37 millones de personas, lo que equivale apenas al 3,36 por ciento del total nacional, pero aglutina según la ONIC a 102 pueblos de los que el Estado sólo reconoce 87. De ellos, 35 están en peligro de extinción física y cultural, según determinó en 2009 la Corte Constitucional.

En el congreso también tratan sobre territorio, autonomía, políticas públicas, salud, educación, estrategias de comunicación y replantean los estatutos de la ONIC, entre otros asuntos, para cimentar su proyecto político de cara a los próximos cuatro años.

Con el objetivo de facilitar su estancia se han dispuesto carpas para pernoctar, cocinas, lavaderos, puestos de comida y hasta un pequeño mercado donde venden sus artesanías.
Disponible en: www.univision.com
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Septiembre 25, 2012

 

 

El Gobierno de Ecuador firmó este martes un acuerdo con Italia por el que el país europeo condonará cerca de US$47 millones de deuda, a cambio de que Ecuador no explote el yacimiento de petróleo del parque nacional de Yasuní, en defensa de su biodiversidad y de las comunidades indígenas que lo habitan.

En virtud de la iniciativa Yasuní-ITT, firmada por la ministra coordinadora de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y el subsecretario de Asuntos Exteriores de Italia, Staffan de Mistura, el dinero condonado se destinará a un fondo fiduciario encargado de sufragar proyectos medioambientales.

Este fondo, en cuyo directorio figuran, además del Gobierno de Ecuador, los de Italia y España, apuesta por las energías renovables y el desarrollo social, especialmente el de las comunidades indígenas amazónicas que viven en el parque Yasuní, uno de los centros con mayor diversidad biológica del planeta.

Bajo el suelo de este enclave, localizado entre el río Amazonas, la cordillera andina y Ecuador, existe un yacimiento petrolífero con un valor estimado de US$7.200 millones, y la iniciativa Yasuní-ITT persigue que se recaude la mitad de lo que el país latinoamericano obtendría de extraer este combustible fósil.

El parque de Yasuní ocupa un millón de hectáreas y en él conviven dos comunidades indígenas, los Tagaeri y los Taromenane, para los que esta selva, rica en plantas medicinales, constituye su único refugio.

 

 

Disponible en: www.bbc.co.uk

 

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Miércoles 12 de Septiembre de 2012 14:24

Campaign group retracts Yanomami 'massacre' claims

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Por: Jonathan Watts

Septiembre 10, 2012

 

 

Survival International says account that described murder of 80 members of the jungle community in Venezuela was false.

yanomami tribe in venezuelaThe Chávez government looked into the claims and said there were no signs of a massacre of the Yanomami community. Photograph: Ariana Cubillos/AP

Allegations of a massacre of a Yanomami community in the jungles of Venezuela have been retracted by Survival International, the campaign group that pushed longest and hardest for an investigation into the claims.

After denials by the government, journalists were also flown by helicopter to Irotatheri – the site of the reported killings, allegedly by goldminers – where they found no evidence of murder.

Last month, Yanomani organisations said a community of 80 Yanomami villagers had been attacked by Brazilian goldminers operating illegally in the remote border area.

Based on testimony from a Yanomami, the group said only three people had survived the assault, which left charred remains in the village.

However, Survival International said on Monday it now believes the original account was incorrect.

"Having received its own testimony from confidential sources, Survival now believes there was no attack by miners on the Yanomami community of Irotatheri," said a statement by Stephen Corry, Survival International's director.

The reports sparked international outrage and prompted Brazil to call for an investigation. The government of president Hugo Chávez looked into the claims and said last week there were no signs of a massacre or mining in Irotatheri.

To convince sceptics, it flew foreign journalists to the area by military helicopter. Reuters, AFP and other agencies reported the area seemed undisturbed and local villagers, who are normally naked but were given clothes for the occasion by the government, had not heard of the alleged massacre.

The Yanomami people, estimated to be between 30,000 and 35,000 in number, live in an Amazon forest region that spans the Venezuela-Brazil border. In recent decades, there have been several violent encounters with the illegal miners who encroach on their homeland, including the massacre of 16 villagers in 1993.

 

 

Disponible en: www.guardian.co.uk

 

Articulos relacionados:

Masacre indígena llena de dudas en Venezuela

- Venezuela Finds No Sign of Massacre

- Brazil asks Venezuela to investigate village massacre claims

- Preocupación por presunta masacre contra un pueblo indígena en Venezuela

 

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Martes 04 de Septiembre de 2012 09:18

Masacre indígena llena de dudas en Venezuela

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Por: Paulo Prada

Septiembre 04, 2012

 

 

Para el Gobierno no hay evidencias del ataque contra le tribu Yanomami, que dejó más de 70 muertos. Los nativos presionan al Gobierno para que siga investigando.

Un grupo que representaba a la tribu Yanomami denunció la semana pasada que mineros de oro brasileños habían cruzado la frontera y habían atacado una aldea desde un helicóptero. Y aseguró que el asalto había dejado a más de 70 personas muertas. Aunque ocurrió en julio, sólo se pudo alertar recientemente al Gobierno debido a lo lejana y aislada de su región natal junto a la larga frontera con Brasil en la densa selva.

Funcionarios venezolanos informaron el domingo que sobrevuelos realizados durante el fin de semana en la zona los llevaron a creer que las acusaciones eran falsas. "Podemos decirle al país que no se encontró evidencias de ninguna muerte", afirmó la ministra de Asuntos Indígenas deVenezuela, Nicia Maldonado.

Grupos de defensa de los derechos de los aborígenes y algunos políticos locales criticaron al Gobierno, diciendo que llegó a la conclusión de manera prematura. Lo remoto de la región, y las costumbre nómades de la tribu Yanomami, hacen poco probable que los funcionarios pudiesen haber encontrado el lugar exacto donde se reportó que habrían ocurrido los ataques. Incluso los nativos, sostienen, necesitan de varios días para moverse entre los asentamientos en la región.

En un comunicado colectivo, 11 tribus -incluidos los Yanomami- y grupos activistas en favor de sus derechos, sostuvieron que "no se puede decir que no hay evidencia" y presionaron al Gobierno para que siga investigando.

Liborio Guarulla, un indígena venezolano y gobernador de Amazonas, el sureño estado donde se dice que el ataque habría ocurrido, acusó al Gobierno de "movilizar recursos" sólo para acallar el tema.

Para algunos funcionarios, las acusaciones de un ataque de agresores extranjeros, con armas y explosivos desde un helicóptero, son difíciles de creer. Los atacantes no sólo necesitarían recursos, conocimiento y familiaridad con un terreno que no es fácil desde acceder desde las alturas, también necesitarían conocimientos sobre los hábitos y ubicación de los Yanomami, quienes viven en pequeños grupos y cambian de asentamientos frecuentemente.

El general Rafael Zambrano, comandante de la unidad del Ejército venezolano responsable de la región, dijo que sería algo extremadamente difícil de hacer. En una entrevista telefónica, indicó que una pequeña patrulla de soldados sigue revisando la zona.

 

Inusual solicitud de los Yanomami


Gente con conocimiento de los Yanomami dijo que su solicitud de una investigación es inusual debido a que la tradición tribal rechaza discutir sobre los muertos. "El que ellos estén haciendo estas acusaciones es una medida de lo grave que es el problema", explicó Marcos Wesley de Oliveira, coordinador regional del programa de pueblos indígenas en el Instituto Socioambiental, un grupo activista brasileño.

La tierra natal de la tribu a ambos lados de la frontera ha estado bajo creciente presión de mineros ilegales de oro y otros forasteros en décadas recientes.

Si ocurrió un ataque, aún no está clara cuántas víctimas pudo haber. En el documento que presentaron a las autoridades venezolanas, la tribu dijo que se sabe que sólo tres miembros de la aldea siguen vivos. Esas personas habían estado cazando cuando escucharon el sonido de un helicóptero, disparos y explosiones, y alertaron a los yanomami de otro asentamiento, quienes fueron a la aldea y encontraron cadáveres carbonizados.

 

 

Disponible en: america.infobae.com

 

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